Colombia sentencia a Santiago Uribe a 28 años por vínculos con paramilitares.

Un tribunal en Colombia ha revertido una decisión previa y ha condenado a 28 años de cárcel a Santiago Uribe, el menor de los hermanos del expresidente Álvaro Uribe. Esta sentencia, emitida el 25 de noviembre de 2025, responde a los cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir y delitos de lesa humanidad, en relación con su vinculación al grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 apóstoles’.

El Tribunal Superior de Antioquia ha anulado el fallo que absolvió a Uribe el 13 de noviembre de 2024. La resolución no solo impone una pena privativa de libertad, sino que también incluye la obligación de pagar una indemnización y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante dos décadas. Además, la decisión establece que Uribe no podrá cumplir su condena en un régimen domiciliario, lo que intensifica la gravedad de su situación legal.

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Las asociaciones de Santiago Uribe con el grupo paramilitar son perturbadoras, considerando que estas agrupaciones han sido responsables de aproximadamente 300 asesinatos en la región durante la década de los 90, especialmente en el norte de Antioquia. Este periodo estuvo marcado por un incremento en la actividad de la guerrilla de las FARC, que tenía como objetivo desestabilizar regiones donde operaban terratenientes, entre ellos el padre de Santiago y Álvaro Uribe.

Desde el escándalo de la desmovilización de grupos paramilitares entre 2003 y 2006, promovido por el expresidente Uribe, la familia ha estado bajo constante sospecha. Este plan de desmovilización fue objeto de controversias y críticas, alimentando las preocupaciones sobre la relación entre altos funcionarios del gobierno colombiano y las fuerzas paramilitares.

Santiago Uribe ha expresado en su cuenta de X su “profundo dolor” ante la condena, señalando el impacto emocional que esta decisión judicial tiene en su vida. La próxima etapa del proceso dependerá del pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, tras el cual se emitirá una orden de arresto contra él.

La condena no solo marca un hito en la historia judicial de la familia Uribe, sino que también reabre el debate sobre la relación entre el poder político y el crimen organizado en Colombia, un país que sigue luchando con las secuelas de su violenta historia. El caso destaca cómo las estructuras de poder pueden estar entrelazadas con actividades ilegales, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva del país.

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