En un reciente hallazgo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha revelado que dos personas privadas de la libertad perdieron la vida en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 14, ubicado en Durango, debido a una atención médica deficiente y a la falta de seguimiento a sus padecimientos. Esta situación pone de relieve la grave omisión en los servicios de salud otorgados a quienes se encuentran bajo custodia del Estado, generando serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en entornos penitenciarios.
La CNDH ha emitido la Recomendación 135/2025, dirigida tanto al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como a la Secretaría de Salud del estado, evidenciando que el personal tanto penitenciario como hospitalario no cumplió con sus obligaciones fundamentales de cuidado y trato adecuado. Esta falta de atención no solo es una violación a principios básicos de humanidad, sino que también refuerza la idea de que los derechos de los individuos, aun en situaciones de encarcelamiento, deben ser garantizados.
Contextualizando este escenario, es fundamental recordar que la atención médica en los centros penitenciarios es un derecho que, según la legislación mexicana, debe ser preservado. La incapacidad de atender a esta demanda afecta no solo la vida de los internos, sino que también refleja una crisis en el sistema penitenciario que requiere atención urgente. En este sentido, la CNDH subraya la necesidad de un cambio inmediato para evitar que más vidas se vean comprometidas en condiciones de encarcelamiento.
Es importante destacar que estos eventos se enmarcan en un contexto más amplio de discusiones sobre la reforma del sistema penitenciario en México, donde la atención a la salud y el bienestar de los internos ha sido una exigencia constante por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. A medida que avanzamos hacia la fecha del 2 de diciembre de 2025, la situación en los centros de reclusión sigue siendo un foco de atención y preocupación que demanda una respuesta efectiva y compasiva.
La CNDH, al señalar estas deficiencias, no solo cumple con su deber de vigilancia, sino que también invita a la reflexión sobre la importancia de abordar las deficiencias en el sistema de justicia penal y cómo estas impactan a las personas más vulnerables. Se hace evidente que la atención a la salud en los espacios de encarcelamiento no debe ser una opción, sino una obligación para el Estado.
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