Bajo la Mira: El Bono Dorado Electoral – Changoonga.com

En Michoacán, la percepción de “carencia” se intensifica mientras el Tribunal Electoral se asemeja a un club exclusivo para pocos. A pesar de las dificultades económicas que enfrenta el estado, los magistrados gozan de salarios que superan los cien mil pesos mensuales, sumados a bonos considerables, choferes, y gastos de representación que incluyen viáticos para sus acompañantes y gasolina de uso personal. La situación se agrava con la reciente aprobación de un haber de retiro equivalente a tres meses de sueldo bruto para aquellas magistradas que terminen su mandato en 2026.

La Suprema Corte de Justicia ha dejado en claro que el haber de retiro es una garantía de independencia judicial, pero está destinado únicamente a quienes terminan su mandato de forma obligatoria, ya sea por edad o incapacidad. Convertirlo en un beneficio discrecional representa un exceso jurídico y un desprecio a la voluntad pública.

A pesar de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que exige la administración eficiente y honrada de los recursos públicos, Michoacán carece de una legislación local en materia de austeridad. Como resultado, el Tribunal Electoral opera sin controles efectivos, destinando cerca del 90% de su presupuesto a salarios y privilegios.

Un ejemplo claro de esta situación es el nuevo manual de remuneraciones aprobado el 2 de abril, que incluye el mencionado haber de retiro, acumulando casi 600 mil pesos por magistrado. Este monto es considerado obsceno en un estado donde muchos ciudadanos sobreviven con salarios de diez mil pesos mensuales.

Aunque el Tribunal presume de transparencia y rendición de cuentas, sus acciones hablan de una opacidad que contrasta con sus discursos. Para el año 2026, se asignó un presupuesto de 116 millones de pesos, de los cuales 104 millones se destinarán a nómina y prestaciones, incluyendo bonos anuales y otros beneficios que disfrazan el concepto de austeridad.

La distancia entre la vida de la mayoría de los michoacanos y la de los magistrados es abismal. En lugar de cerrar la brecha económica, la austeridad republican se convierte en un simple discurso vacío. Los privilegios de los magistrados desafían la noción de justicia e igualdad en un país que intenta manejar la corrupción y desigualdad.

El haber de retiro, que debiera ser un derecho, se manipula, transformándose en un privilegio que contradice los principios establecidos por la Corte. Aquí es donde la responsabilidad recae en el Congreso Estatal, cuya vigilancia es necesaria para evitar que se perpetúe este despilfarro. Si el Poder Legislativo acepta la situación, se convertirá en cómplice del mismo.

El caso del Tribunal Electoral ilustra cómo la autonomía institucional puede verse comprometida por la autocomplacencia. El cambio en el Manual de Remuneraciones no solo desafía la Ley de Austeridad, sino que también pone de manifiesto la urgencia de una revisión a fondo por parte del Congreso para salvaguardar la dignidad pública y la legalidad.

En la actualidad, con la atención puesta en estos temas, la ciudadanía espera acciones concretas que frenen el despilfarro y aseguren que el estado funcione verdaderamente en beneficio de todos.

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