En un país donde el agua es un recurso cada vez más escaso, el intercambio de derechos para su explotación se ha convertido en un fenómeno significativo. Desde enero de 2018 hasta junio de 2025, se registraron más de 22,000 transmisiones de derechos en México, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Este ritmo equivale a una transacción cada tres horas, lo que pone de manifiesto la creciente demanda y la complejidad de la gestión hídrica en el territorio nacional.
Los estados donde más se han realizado estos trámites son Chihuahua, con 5,152 casos, seguido del Organismo de Cuenca Lerma Santiago, que agrupa partes de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas, reportando 3,459 transmisiones. Guanajuato (2,287), Michoacán (1,943) y Zacatecas (1,488) también figuran entre las regiones más activas. En contraposición, los estados con menos movimiento son Tabasco, con solo 33 transmisiones, y Quintana Roo, con 37.
Este fenómeno no es meramente administrativo; está intrínsecamente vinculado a las propuestas del Ejecutivo federal para modificar la Ley de Aguas Nacionales y establecer la Ley General de Aguas. El proyecto de dictamen, que se discute actualmente, busca eliminar las transmisiones de derechos en el ámbito agrícola, proponiendo en su lugar que la Conagua asigne nuevos derechos cuando se venda o herede un terreno. En este proceso, la dependencia tendrá un plazo de seis meses para organizar los expedientes y realizar las asignaciones pertinentes.
La preocupación se intensifica al considerar que, hasta la fecha límite mencionada, 25,693 de estas transmisiones han ocurrido en acuíferos sobreexplotados. Desde el inicio de los estudios sobre la disponibilidad de agua a principios de la década de 2000, las transmisiones han sido la única forma para que individuos y empresas obtengan títulos de agua en zonas en crisis hídrica. Los registros más altos se han concentrado en Guanajuato, con 3,625 transmisiones, y en el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago Pacífico, con 2,998.
En muchas de estas áreas críticas, el Registro Público de Derechos al Agua refleja concesiones otorgadas a empresas, incluidas inmobiliarias y agroindustriales, lo que suscita inquietudes sobre la sostenibilidad y el uso responsable de este recurso vital.
A medida que el país avanza hacia una reforma en la gestión del agua, este flujo constante de transmisiones de derechos plantea preguntas relevantes sobre el futuro del acceso y la conservación de un bien tan esencial. La evolución de esta situación es crucial no solo para la economía, sino también para la supervivencia de ecosistemas y comunidades enteras en un entorno cada vez más desafiante.
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