Un empresario mexicano radicado en Texas ha sido declarado culpable por un jurado federal en Houston tras su participación en un esquema de sobornos dirigido a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su filial, Pemex Exploración y Producción (PEP). Alexandro Rovirosa, un ciudadano mexicano con residencia permanente en Estados Unidos, fue hallado culpable de pagar más de 150,000 dólares en sobornos entre 2019 y 2021. Su objetivo era preservar pagos y asegurar contratos millonarios, beneficiando a empresas asociadas.
La investigación reveló la existencia de un elaborado sistema de corrupción que involucró sobornos en efectivo, así como artículos de lujo, ofrecidos a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP. Estos sobornos facilitaron la obtención y mantenimiento de contratos por un valor de al menos 2.5 millones de dólares. Durante el juicio, Rovirosa fue acusado de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), y aunque fue absuelto de un cuarto cargo, enfrentó dos cargos adicionales que también resultaron en su culpabilidad.
Con la declaración del veredicto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos enfatizó la gravedad del caso y dejó claro que la corrupción no será tolerada. Matthew R. Galeotti, fiscal interino, subrayó cómo las acciones de Rovirosa socavan la competencia justa en el sector empresarial. Además, se destacó que el FBI, en colaboración con otras agencias como el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Inspector General de la FDIC, llevó a cabo la investigación, aclarando que el empresario pensaba que su residencia en Houston lo protegía.
Este caso también involucra a Mario Alberto Ávila Lizárraga, otro ciudadano mexicano y residente permanente en Texas, quien se encuentra prófugo de la justicia. La condena para Rovirosa será determinada por un juez federal, pudiendo enfrentar hasta 15 años de prisión, de acuerdo con las directrices federales.
La sentencia de este caso subraya el compromiso de las autoridades estadounidenses en la lucha contra la corrupción internacional y el mensaje contundente que envía a las empresas y ejecutivos que operan desde su territorio. La corrupción en transacciones comerciales no solo afecta la integridad del mercado, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones. Con cada condena, las autoridades esperan desincentivar conductas corruptas y fomentar un entorno de negocios más transparente y equitativo.
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