72 Cambios Tras… Dirigiendo con Palabras

Las promesas de los políticos suelen desvanecerse, mientras que quienes creen en ellas enfrentan una realidad difícil de ignorar. En el ámbito de la salud en México, los cambios legislativos han sido constantes, con más de 72 reformas a la Ley General de Salud y otros marcos normativos en un período de siete años. Sin embargo, lejos de ver mejoras palpables, muchos ciudadanos siguen enfrentando problemas como la escasez de medicamentos, cirugías aplazadas y costos que desbordan su capacidad financiera.

En este contexto, el Pleno de la Cámara de Diputados se encuentra en medio de la discusión sobre un nuevo paquete de reformas que abarca más de 150 artículos y 13 temas variados, todo ello redactado sin la apertura del parlamento que se había solicitado. A pesar de estas reformas en el papel, un elemento fundamental parece ausente: financiamiento efectivo y reglas claras que conviertan las promesas en realidades tangibles.

El primer desafío radica en el financiamiento. Se prevé que el gasto público en salud alcance apenas el 2.6% del PIB en 2026, una cifra que dista mucho del mínimo del 6% recomendado por la OMS y la OPS para lograr una cobertura universal que no ponga en riesgo la estabilidad económica de las familias. Ese intento de emular sistemas de salud avanzados con recursos limitados es insostenible.

Recientemente, se advirtió que 2025 podría ser el “Annus Horribilis Salutis in México”, un año crítico donde convergen la reducción del presupuesto, la continua escasez de insumos, la disminución del control federal y el aumento de la situación de “privatización de facto”. Cerca del 40% de la población carece de acceso eficaz a servicios de salud básicos, y el número de hogares con gastos catastróficos en salud ha crecido alarmantemente entre 2018 y 2024. Muchas personas que se encuentran con un hospital público que no ofrece soluciones se ven forzadas a recurrir a consultorios de farmacia o endeudarse en clínicas privadas.

El Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI) es un claro ejemplo de esta descoordinación. Originalmente concebido para proteger a aquellos sin seguridad social frente a enfermedades costosas, se ha convertido en un recurso de uso discrecional. Entre 2019 y 2024, el fondo erogó aproximadamente 381 mil millones de pesos, pero el 67.2% de esta cantidad fue reintegrada a la Tesorería sin un seguimiento público adecuado sobre su destino final. Cuando los fondos destinados a tratamientos complejos se desvían hacia el gasto general, el “derecho a la protección de la salud” queda vacío de significado.

Lamentablemente, en lugar de corregir estas fallas, se busca consolidarlas con la nueva reforma, que elimina los mandatos mínimos para el uso del FONSABI y permite transferencias de recursos a la Tesorería sin comprobaciones adecuadas en salud. La propuesta de los opositores, que abogaba por mínimos garantizados para enfermedades costosas y una mayor transparencia, fue ignorada por la mayoría en el congreso.

El segundo gran obstáculo es la disparidad entre las promesas y los recursos disponibles. Un artículo clave del dictamen establece que la implementación de estas reformas se realizará “con cargo a los presupuestos existentes”, es decir, sin nuevos recursos asignados. Esto implica que se crearan nuevas estructuras y funciones sin el respaldo necesario para operarlas, resultando en un monumento de burocracia sin la capacidad de ofrecer servicios.

Mientras se discuten estos cambios en un contexto político, la realidad diaria es contundente. Los informes y encuestas muestran un aumento de más del 40% en los gastos de bolsillo de las familias, y un incremento de más del 60% en hogares con gastos catastróficos desde 2018. Cada peso que el gobierno deja de invertir de manera ordenada se traslada a las familias, convirtiendo la austeridad en una grave carga para los más vulnerables.

La sesión en la Cámara de Diputados no es meramente un proceso legislativo aislado; se trata de la dirección futura de la salud pública en México. Continuar con reformas fragmentadas y mal coordinadas, sin el financiamiento necesario y con un FONSABI convertido en un recurso de libre disposición, perpetúa una crisis que necesita ser abordada con urgencia.

Es necesario un enfoque integral que eleve el gasto en salud hacia el 6% del PIB, proteja realmente el FONSABI y ordene el sistema de salud de tal manera que los derechos de los ciudadanos no dependan de su situación laboral. Solo así se podrá aprovechar la salud digital como un pilar fundamental en lugar de ser un simple eslogan.

La discusión en curso implica mucho más que simples modificaciones a leyes; está en juego la posibilidad de que, en el futuro, cuando uno de nosotros enfrente una enfermedad grave, el sistema pueda ofrecer una respuesta que vaya más allá de simples promesas vacías.

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