El panorama político en Bulgaria ha dado un giro significativo tras la reciente dimisión del primer ministro Rosen Zhelyazkov, quien anunció la renuncia de su Gobierno en pleno en medio de un estallido de protestas masivas. Durante semanas, decenas de miles de ciudadanos han salido a las calles, clamando por su destitución bajo la presión de graves acusaciones de corrupción y una alarmante falta de reformas estructurales.
Este movimiento se produce a tan solo tres semanas de la prevista adopción del euro como moneda oficial, programada para el 1 de enero de 2026. La llegada de esta nueva moneda estaba destinada a marcar un hito en la integración de Bulgaria en la zona euro, pero el descontento social plantea serias dudas sobre la estabilidad política del país en este crucial momento de transición.
Zhelyazkov, quien asumió el cargo en enero de 2025 al frente de una frágil coalición liderada por el partido conservador GERB, compareció ante los medios para explicar su decisión en un contexto donde el Parlamento estaba preparado para votar una nueva moción de censura. “Nuestra coalición se reunió, discutimos la situación actual, los desafíos que enfrentamos y las decisiones que debemos tomar con responsabilidad”, fue su mensaje.
La situación se tornó crítica tras la presentación de un controvertido proyecto de presupuesto para 2026, que incluía incrementos fiscales y de cotizaciones sociales, un plan que generó un rápido rechazo en las calles. A pesar de que el Gobierno retiró la propuesta tras las primeras manifestaciones, el gesto se consideró insuficiente. La ciudadanía demandaba no solo ajustes en números, sino un cambio estructural más profundo.
Las protestas, impulsadas en gran medida por jóvenes de la Generación Z, con consignas como “Dimisión” y “Fuera la mafia”, se expandieron por todo el país, especialmente en las principales ciudades de Sofía, Plovdiv, Varna y Burgas. En la capital, los manifestantes proyectaron sus demandas sobre la fachada del Parlamento, subrayando un sentimiento de frustración generalizado.
Detrás de este descontento se encuentra una profunda desconfianza hacia la clase política, exacerbada por la percepción de que muchos funcionarios mantienen vínculos estrechos con oligarcas, entre ellos Delyan Peevski, actualmente bajo sanciones internacionales. Esta relación deterioró aún más la credibilidad del Gobierno, que ya había enfrentado varias mociones de censura en menos de un año.
Según Transparency International, Bulgaria se posiciona entre los países con mayor percepción de corrupción en la Unión Europea, solo superada por Hungría y Rumanía. La ciudadanía ha mostrado su rechazo no solo a un presupuesto impopular, sino a un sistema donde prevalecen intereses privados y una notable falta de transparencia, creando un entorno institucional en crisis.
El presidente Rumen Radev, quien había instado a la renuncia del Ejecutivo, está ahora ante la difícil decisión de formar un Gobierno técnico o convocar elecciones anticipadas. Bulgaria, que ha experimentado siete elecciones generales en los últimos cuatro años, se enfrenta a un futuro incierto en cuanto a su gobernanza. Las tensiones sociales, la fragilidad en el Parlamento y los persistentes indicios de corrupción continúan siendo la narrativa central en un país que aún busca completar su transición democrática.
En este escenario de cambio y tensiones, la adopción del euro, lejos de ser un mero acto administrativo, se convierte en un reto monumental ante la inestabilidad política. Bruselas asegura que el calendario se mantendrá, aunque la incertidumbre sobre el vacio político en el centro del poder genera preocupación respecto a la implementación del cambio monetario y la credibilidad institucional de Bulgaria. Así, la crisis actual se desata en un momento crítico, poniendo en riesgo el futuro económico y político de una nación en busca de un cambio genuino.
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