En un movimiento que ha generado revuelo en el ámbito comercial, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el pasado jueves la aprobación de un nuevo régimen de aranceles que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Esta medida, respaldada por el Senado mexicano, establece aranceles que oscilan entre el 5% y el 50% para aproximadamente 1,463 productos importados, especialmente de países con los que México no mantiene un tratado comercial, salvo por excepciones que incluye a China.
Sheinbaum enfatizó en su conferencia matutina que estas restricciones no están dirigidas a China en particular, argumentando que el objetivo de la ley es proteger y fomentar la producción nacional. “No está dirigido a China”, subrayó, sino que se enfoca en los países sin acuerdos comerciales con México, para evitar así que se perciba como una restricción al comercio. La mandataria destacó la importancia de fortalecer la industria mexicana, especialmente sectores como el textil y el automotriz, que han sufrido un notable declive desde la pandemia debido a la alta dependencia de importaciones.
Previo a la aprobación de esta ley, se llevaron a cabo conversaciones con empresarios para asegurar que los nuevos aranceles no generen un incremento en los precios de los productos mexicanos. Además, se buscó establecer un diálogo con naciones asiáticas afectadas, como Corea del Sur y China, lo que evidencia la intención de México de mantener relaciones comerciales amistosas, a pesar de las medidas que están por implementarse.
La ley, formalmente conocida como la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (Ligie), fue aprobada con un amplio respaldo, logrando 76 votos a favor frente a solo 5 en contra y 35 abstenciones. Este cambio se produce en un contexto en el que México se prepara para la revisión del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para el próximo año, en medio de tensiones constantes con la administración estadounidense.
El objetivo declarado por el Senado es muy claro: implementar acciones que promuevan una interacción más equilibrada en el mercado, evitando distorsiones económicas que puedan amenazar la relocalización de industrias estratégicas para el país. En esta línea, China ha reaccionado a la aprobación de la ley expresando su esperanza de que México “corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo” en beneficio del comercio bilateral.
Con estas medidas, el gobierno mexicano busca iniciar un nuevo capítulo en la economía nacional, apuntando no solo a la recuperación de sectores productivos clave, sino también a la atracción de nuevas inversiones que puedan fortalecer la competitividad del país en el ámbito global. Las repercusiones de esta decisión no solo resonarán en el corto plazo, sino que también sentarán las bases para un futuro más dirigido hacia el fortalecimiento del mercado interno.
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