Antes de que finalice el año, transportistas y agricultores han hecho un contundente anuncio: están organizando bloqueos en carreteras a nivel nacional. La razón detrás de esta decisión radica en la falta de acuerdos claros con las autoridades y un creciente descontento por las extorsiones y robos que enfrentan en su labor diaria.
En un video compartido a través de redes sociales, los campesinos y transportistas, agrupados bajo el lema del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, han convocado a un megabloqueo. Aunque aún no se ha fijado una fecha exacta para el inicio de estas movilizaciones, se anticipa que los detalles se revelarán en breve.
Las demandas específicas son claras. Los productores solicitan la retirada de un millón de toneladas de sorgo y un millón de toneladas de trigo del mercado. El objetivo: ajustar los precios de estas cosechas a 6 mil 500 pesos por tonelada. En el caso del frijol, piden que su precio se fije en 20 mil pesos por tonelada, y también proponen la eliminación de 17 millones de toneladas de maíz para disminuir la presión en el mercado y lograr un precio ideal de 7 mil 200 pesos.
Los agricultores enfatizan que su lucha se centra en obtener precios justos para sus productos y en garantizar la libertad de comercialización, alejándose de un sistema que consideran restrictivo.
Por su parte, los transportistas reclaman mayor seguridad en las carreteras, donde han sido víctimas de robos y extorsiones. Sus peticiones incluyen la creación de paraderos seguros, un documento que prohíba los retenes de seguridad en carreteras federales, y una oficina de la Fiscalía General de la República (FGR) dedicada a atender los delitos en el transporte.
Este creciente descontento entre los transportistas y agricultores pone de relieve la urgencia de un diálogo efectivo con las autoridades. La falta de acción, unida a las reiteradas quejas sobre la inseguridad y las condiciones del mercado, ha llevado a estos sectores a la determinación de movilizarse, en busca de soluciones que les aseguren un futuro más justo y seguro. Su decisión, que impactará a diferentes ámbitos de la sociedad, deja en claro que están dispuestos a alzar la voz ante problemas que afectan su bienestar y el de la economía del país.
La atención se centra, ahora, en cómo responderán las autoridades a estas demandas y en qué medida se podrá evitar la escalada de los conflictos en las carreteras de México.
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