Orden de Trump promete ‘una normativa’: Startups enfrentan incertidumbre legal.

En un movimiento significativo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que se centra en regular las leyes estatales sobre inteligencia artificial (IA). Este enérgico paso busca proporcionar un alivio a las startups que, según el argumento, enfrentan un laberinto de normas dispares a nivel estatal. Sin embargo, expertos legales y emprendedores advierten que esta estrategia podría generar mayor incertidumbre, resultando en disputas legales que complicarían aún más el panorama para las empresas emergentes, mientras el Congreso intenta establecer un marco nacional coherente.

La orden, que se titula “Asegurando un Marco de Política Nacional para la Inteligencia Artificial”, instruye al Departamento de Justicia a formar un equipo de trabajo en un plazo de 30 días para desafiar ciertas leyes estatales. Este desafío se basa en la premisa de que la IA constituye un comercio interestatal que debe ser regulado a nivel federal. Asimismo, da 90 días al Departamento de Comercio para compilar un inventario de las leyes estatales que se consideren onerosas, lo cual podría influir en la elegibilidad de los estados para acceder a fondos federales, como subvenciones para ampliar la conectividad a internet.

Además, la orden anima a la Comisión Federal de Comercio y a la Comisión Federal de Comunicaciones a explorar estándares federales que puedan anular las regulaciones estatales y llama a la administración a colaborar con el Congreso para crear una legislación uniforme sobre IA.

Este desarrollo ocurre en un contexto más amplio donde se busca contener las leyes sobre IA que varían de un estado a otro, tras la incapacidad del Congreso para poner en pausa estas regulaciones. Legisladores de ambos partidos han destacado que, sin un estándar federal, impedir que los estados actúen podría dejar a los consumidores desprotegidos y a las empresas sin un control adecuado.

El director de políticas de la Future of Life Institute, Michael Kleinman, ha calificado la orden como un “regalo para los oligarcas de Silicon Valley que utilizan su influencia en Washington para protegerse y proteger a sus empresas de la responsabilidad”. David Sacks, quien lidera la política de IA y criptomonedas en la administración, es una de las principales voces tras esta iniciativa.

A pesar del respaldo a un marco nacional, los críticos subrayan que la orden no establece uno, dejando las leyes estatales vigentes a menos que los tribunales las bloqueen o los estados suspendan su aplicación. Esto puede resultar en un período de transición prolongado para las startups.

Sean Fitzpatrick, CEO de LexisNexis en Norteamérica, prevé que los estados defenderán su autoridad en materia de protección al consumidor en los tribunales, lo que podría llevar los casos hasta la Corte Suprema. Mientras algunos defensores de un estándar nacional creen que esta orden podría consolidar el debate en torno a la regulación de la IA en Washington, otros consideran que las batallas legales resultantes presentarán serios obstáculos para las startups, que deben enfrentar exigencias contradictorias entre leyes estatales y federales.

Expertos en tecnología y gobernanza, como Arul Nigam de Circuit Breaker Labs, han expresado preocupaciones sobre la incertidumbre que enfrentan empresas de IA, especialmente aquellas más pequeñas que carecen de recursos para navegar un entorno regulatorio inestable. La situación actual no solo afecta a la capacidad de estas startups para innovar, sino que también incrementa el tiempo y los costos asociados a la obtención de seguros y cierre de ventas con clientes cautelosos, como los del sector legal y sanitario.

En medio de todo esto, Gary Kibel, un abogado especializado en tecnología, ha manifestado que aunque las empresas desean una norma nacional única, el enfoque actual podría no ser el adecuado para anular disposiciones estatales. Que la incertidumbre permita extremos en la regulación —sea a través de reglas extremadamente restrictivas o la falta de acción— podría facilitar que las grandes empresas tecnológicas asuman riesgos que perjudican a las más pequeñas.

Por su parte, Morgan Reed, presidente de The App Association, ha instado al Congreso a implementar rápidamente un marco nacional de IA que sea integral, específico y basado en riesgos. Según él, un prolongado enfrentamiento legal sobre la constitucionalidad de esta orden ejecutiva no beneficiaría a nadie.

Con la fecha de publicación de esta información original siendo el 12 de diciembre de 2025, el presente artículo no refleja eventos posteriores o cambios en la situación actual hasta el impactante año 1765559623.

Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.