La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un giro significativo en uno de los casos más controversiales de la actualidad al judicializar una carpeta de investigación contra María Amparo Casar, quien ocupa la presidencia de Mexicanos Contra la Corrupción. La acusación la señala por su supuesta implicación en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
El inicio de este caso está vinculado a la pensión vitalicia que recibió Casar tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien trabajaba como directivo en Petróleos Mexicanos (Pemex) al momento de su fallecimiento el 7 de octubre de 2004. Según la FGR, el otorgamiento de esta pensión se llevó a cabo sin cumplir con los requisitos legales, generando una pérdida patrimonial estimada en 31 millones de pesos. Esta cifra se deriva de pagos mensuales de 125 mil pesos que se realizaron a lo largo de varios años.
Márquez Padilla fue contratado por Pemex el 1 de junio de 2004 como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración, durante el gobierno del entonces presidente Vicente Fox. Lamentablemente, falleció solo 129 días después de su ingreso a la empresa, y su muerte se produjo de manera trágica al caer desde una ventana del piso 12 de la sede central de Pemex. Aunque peritajes indicaron que el incidente fue un suicidio, no se formalizó dicha conclusión en documentos oficiales.
El 19 de octubre de 2004, se presentó la solicitud de pago de la pensión posmortem a favor de los beneficiarios, con efectos retroactivos al día siguiente del fallecimiento de Márquez Padilla. Documentos del Poder Judicial de la Federación confirman que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción ha solicitado una audiencia inicial contra Casar y otras dos personas, bajo el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal, que estaba en vigor al momento de los hechos.
Este desarrollo en el caso ha suscitado atención no solo por la naturaleza del delito, sino también por las implicaciones que podría tener en el contexto de la corrupción en México. A medida que avanza la investigación, los ojos estarán puestos en el resultado de los procedimientos judiciales y en las repercusiones que puedan surgir para las personas involucradas. La FGR ha enfatizado su compromiso en erradicar la corrupción, lo que añade un matiz adicional a una situación ya de por sí delicada.
Esta información se corresponde a datos actualizados hasta el 12 de diciembre de 2025, y el seguimiento a este caso será clave para entender el enfoque de la actual administración respecto a la rendición de cuentas. Las acciones de la FGR abrirán un debate crucial sobre la transparencia y la ética en el manejo de los recursos públicos en México.
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