Cobro de Agua en Jacona: Denuncia Diputada Campos

El municipio de Jacona, Michoacán, se encuentra en el centro de la polémica por un aumento significativo en las tarifas de agua potable y alcantarillado propuesto por el gobierno encabezado por Isidoro Mosqueda, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Este ajuste, del 15 por ciento, se considera el más alto de todos los municipios de la entidad, superando incluso a aquellos que apenas alcanzaron incrementos del 9 por ciento.

Durante una reciente reunión con medios de comunicación, la diputada Adriana Campos Huirache, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó su preocupación ante esta decisión. Aunque reconoció la necesidad de una actualización tarifaria anual que permita sostener los servicios y hacer frente a la inflación, cuestionó la lógica de que Jacona, un municipio rico en recursos hídricos, sea el que implemente el mayor incremento tarifario.

Campos Huirache subrayó que este aumento tendrá un impacto directo en las finanzas de las familias en Jacona, un hecho que no puede pasarse por alto. En su intervención, afirmó: “En todos los municipios fue de un 9 por ciento, efectivamente argumentaron que esto representa un golpe para las familias. Analizando la situación de cada localidad, hemos visto que Jacona lidera con un 15 por ciento en el ajuste del agua, lo que generará una carga económica considerable para sus habitantes”.

Debido a estas consideraciones, la diputada votó en contra del paquete presupuestal propuesto por el ayuntamiento. Además, advirtió que esta decisión llega en un momento de presión económica para muchos hogares, lo que aumenta la urgencia de evaluar el impacto de tal incremento.

El escenario económico actual hace que la preocupación por el bienestar de las familias jaconenses sea aún más relevante. En un contexto donde los costos de vida están en aumento, un ajuste tarifario de esta magnitud podría afectar la calidad de vida de los ciudadanos. Así, el debate sobre el aumento de la tarifa de agua en Jacona refleja no solo la dinámica política y económica del estado, sino también la necesidad de un diálogo más amplio sobre la sostenibilidad de los servicios públicos en tiempos de crisis económica.

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