El Senado Federal aprobó el jueves por la noche la medida provisional que permite la privatización de Electrobras, la empresa estatal brasileña responsable de cerca del 40% de la transmisión y el 30% de la generación de energía ―es la mayor empresa del sector eléctrico en América Latina. El proyecto aprobado por los senadores costará entre 40.000 y 66.000 millones de reales (unos 8.000 millones de dólares) a las arcas públicas, según un grupo de 45 entidades de los sectores energético e industrial. Y las ganancias serían de 61.000 millones de reales (unos 12.000 millones de dólares).
Estas instituciones, que se han sumado al movimiento Unidos por la Energía, calculan que la factura de la luz del consumidor final aumentará en torno al 10%. El Gobierno de Jair Bolsonaro, a su vez, dice que la factura de la luz será más baja, pero no presentó datos para demostrar cuánto sería esta reducción. Antes de los últimos cambios en la medida provisional, el cálculo era que la disminución sería de aproximadamente un 7%.
Más información
A modo de comparación, el megavatio/hora de energía renovable, como la solar y la eólica, cuesta unos 100 reales (aproximadamente 20 dólares). El de las centrales termoeléctricas, entre 320 y 350 reales (unos 69 dólares). “Las premisas utilizadas por el Gobierno de que habrá un abaratamiento fueron erróneas. Solo con el uso de centrales termoeléctricas se puede concluir que la energía será más cara”, afirma el coordinador del Instituto Clima y Sociedad, Roberto Kishinami. Sin embargo, la factura de este reajuste no aparecerá hasta dentro de tres o cuatro años, cuando las centrales térmicas empiecen a funcionar. “Para entonces, la gente habrá olvidado incluso lo que se ha decidido hoy”, reflexionó el investigador y expresidente de la Operadora Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) Luiz Eduardo Barata.
El texto aprobado el mes pasado por la Cámara ya había sufrido la resistencia del sector eléctrico y de los representantes de los consumidores. En el Senado la evaluación fue que hubo un retroceso aún mayor. “Empeora lo que ya era malo y prevé nuevos costes para los consumidores brasileños”, dijo en un comunicado la Unión por la Energía. Filipe Soares, uno de los portavoces del grupo, dijo que el texto inicial de la diputada tenía buenos argumentos, pero que fue deconstruido en el Congreso. “Nos horrorizó lo que se aprobó en la Cámara y lo que el Senado está cambiando. Poner centrales termoeléctricas en la región del Norte es innecesario. Es una región que tiene más generación de energía que consumo”, dijo.
