Inversionistas, no son bienvenidos aquí.

Se acerca el final del año, y los resultados económicos reflejan un panorama preocupante. Un crecimiento del 0.3% no puede considerarse un éxito; más bien, pone de manifiesto el estancamiento crónico que ha afrontado el país, junto con la caída en inversiones. Esta situación ha comenzado a alertar a la administración actual, liderada por la presidenta Sheinbaum, quien se ha visto forzada a reaccionar ante el alarmante crecimiento en la desconfianza hacia la economía.

Recientemente, durante una reunión con destacados empresarios, se evidenció un cambio de dirección en la estrategia gubernamental. La Presidencia parece dispuesta a impulsar la inversión, tanto nacional como extranjera. Sin embargo, esta voluntad debe estar respaldada por acciones efectivas. En los últimos días, se han promulgaron iniciativas para acelerar las inversiones, reconociendo que, a pesar de los retos, el país dispone de fundamentos económicos sólidos: mercado amplio, finanzas públicas relativamente sanas, acceso preferencial a mercados y una infraestructura en marcha.

No obstante, el estancamiento actual no se puede atribuir simplemente a factores externos o a situaciones históricas. En su esencia, es resultado de las políticas implementadas por administraciones anteriores y que esta gestión ha decidido continuar. Estas políticas han creado un clima fiscal adverso, que se puede desglosar en tres puntos clave: la actuación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la reciente reforma al Código Fiscal de la Federación y las reformas judiciales.

En primer lugar, el SAT se ha enfocado en maximizar la recaudación, pero ha sido criticado por sus excesos. Las tácticas empleadas durante el mandato anterior han persistido, y ahora se combinan con prácticas que se asemejan al “terrorismo fiscal”. La falta de devoluciones del IVA, junto con auditorías que generan deudas fiscales millonarias de manera arbitraria, se han vuelto comunes. Esto ha creado un ambiente de incertidumbre para el sector privado.

La reforma al Código Fiscal de la Federación, que exige que las empresas garanticen el interés fiscal mediante depósitos en el Banco del Bienestar, ha incrementado este contexto de riesgo. Esta obligación implica que, ante cualquier discrepancia con el SAT, las empresas deben inmovilizar una parte considerable de su liquidez, complicando aún más su situación financiera.

Por último, la reforma judicial ha desencadenado una falta de certeza jurídica que asedia al entorno empresarial. Las advertencias de juristas y economistas sobre su potencial negativo han sido validadas con el tiempo. Las empresas se ven ahora sumidas en un laberinto judicial donde la resolución de disputas con el SAT es incierta, dándole a la situación un carácter aún más desalentador.

Imaginemos un escenario donde una empresa recibe una notificación de un crédito fiscal, calificado como injustificado. Para enfrentar el proceso legal, debe asegurar el monto en el banco mencionado, mientras navega un sistema judicial cuyas decisiones son difíciles de prever. Este entramado institucional, junto con la burocracia y la falta de transparencia, envía un mensaje claro: la inversión no es bienvenida aquí.

A medida que el año llega a su fin y las proyecciones económicas siguen mostrando luces rojas, queda claro que sin un cambio sustancial en el enfoque gubernamental y un verdadero compromiso con la transparencia y la seguridad jurídica, el camino hacia la revitalización económica será un desafío arduo. La pregunta ahora es si la administración actual podrá transformar sus intenciones en resultados concretos, vitales para atraer la inversión que tanto necesita el país.

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