Governor Kathy Hochul ha firmado el RAISE Act, lo que convierte a Nueva York en el segundo estado de EE. UU. en implementar una legislación significativa sobre la seguridad de la inteligencia artificial (IA). Este avance legislativo, aprobado por los legisladores estatales en junio, enfrentó desafíos debido a la presión del sector tecnológico. A pesar de ello, Hochul decidió firmar la versión original del proyecto, aunque los legisladores aceptaron realizar ajustes solicitados por ella el próximo año.
Este nuevo marco legal exige que los grandes desarrolladores de IA publiquen información sobre sus protocolos de seguridad y reporten incidentes de seguridad a las autoridades estatales dentro de un plazo de 72 horas. Además, se establecerá una nueva oficina dentro del Departamento de Servicios Financieros para supervisar el desarrollo de la IA. Las sanciones por no presentar informes de seguridad o hacer declaraciones falsas pueden alcanzar hasta $1 millón, y hasta $3 millones por reincidencias.
California ya había tomado la delantera al aprobar una legislación similar en septiembre, y Hochul destacó en su anuncio que su ley complementa el marco adoptado por California, creando un estándar unificado entre los principales estados tecnológicos del país, mientras que el gobierno federal aún no ha implementado regulaciones coherentes para proteger al público.
El senador estatal Andrew Gounardes, uno de los patrocinadores del proyecto de ley, enfatizó que “Big Tech pensó que podría deshacerse de nuestra propuesta. Les cerramos el paso y aprobamos la ley de seguridad de IA más sólida del país”.
Tanto OpenAI como Anthropic expresaron su apoyo a la legislación de Nueva York y también hicieron un llamado a la necesidad de una regulación federal. Sarah Heck, directora de asuntos externos de Anthropic, afirmó que la acción de estos dos grandes estados del país en favor de la transparencia en IA resalta la importancia crítica de la seguridad y debería motivar al Congreso a seguir el mismo camino.
No obstante, la reacción en el sector tecnológico no ha sido unánime. Un super PAC respaldado por Andreessen Horowitz y el presidente de OpenAI, Greg Brockman, está buscando desafiar al asambleísta Alex Bores, quien co-patrocinó la ley junto a Gounardes, mostrando así una división creciente en las perspectivas sobre la regulación.
Esta situación se complica aún más después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que instruye a las agencias federales a desafiar las leyes estatales sobre IA, en un esfuerzo por limitar la capacidad de los estados para regular este campo. La orden, respaldada por el “zar de IA” de Trump, David Sacks, es la última medida de la administración en contrarrestar el empuje hacia una mayor regulación estatal, y se espera que se discuta en los tribunales.
A lo largo de este proceso, el contraste entre la innovación y la seguridad ha planteado serias interrogantes sobre cómo abordar el crecimiento acelerado de la IA y su impacto en la sociedad. Mientras Nueva York y California adoptan un enfoque proactivo, la incertidumbre federal sigue siendo un tema de debate constante en un panorama tecnológico en rápida evolución.
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