La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha hecho un importante anuncio sobre la estrategia del gobierno para saldar la deuda de agua que México tiene con Estados Unidos. En un contexto marcado por sequías y presiones diplomáticas, la administración ha decidido utilizar cuencas de otros ríos para cumplir con lo estipulado en el Tratado de Aguas de 1944. Esta medida busca aliviar la tensión generada por un déficit de casi 1.000 millones de metros cúbicos de agua, que México no ha podido entregar a su vecino del norte desde el último ciclo de cinco años.
El país se ha comprometido a enviar 249 millones de metros cúbicos antes de que finalice enero. Ante el riesgo de que Estados Unidos imponga un arancel del 5% a los productos importados si no se cumple con la entrega, la situación se torna apremiante. Sheinbaum ha reiterado el compromiso de su gobierno, al tiempo que ha expresado las dificultades que enfrenta el país por la escasez de agua, un problema acentuado por la sequía actual.
El plan implica la extracción de agua de distintas cuencas ubicadas en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La mandataria ha enfatizado que se está trabajando de manera atenta y cuidadosa para minimizar el impacto en el sector agrícola, que también se enfrenta a la necesidad de agua para las cosechas. Este enfoque se establece en diálogo con los gobernadores de estos estados, buscando una solución que priorice el bienestar de los agricultores.
Dentro de las “acciones extraordinarias” anunciadas por la cancillería mexicana, se destaca el uso de volúmenes del río San Juan, considerado la fuente más importante para Nuevo León. La estrategia busca resarcir el adeudo de agua sin afectar significativamente a los agricultores, quienes dependen de los recursos hídricos para su subsistencia.
En un contexto en que las relaciones bilaterales son cruciales, el manejo de esta situación es fundamental para evitar sanciones y preservar el comercio entre México y Estados Unidos. Así, mientras el país trabaja para cumplir con los compromisos internacionales, se aferra a un enfoque que considera tanto los derechos de agua como la necesidad de proteger a su población agrícola.
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