Humo y polvo negro cubren el paisaje en las cercanías de la Refinería Miguel Hidalgo, ubicada en el municipio de Tula. Desde la distancia, el imponente complejo se distingue por sus decenas de fumarolas y los destellos de las llamas de los quemadores. La vegetación de la región ha deslucido su color verde, y un aire lleno de olores extraños se mezcla con las respiraciones de los habitantes del Valle del Mezquital. Ante tal panorama, el pasado 14 de diciembre de 2025, las comunidades de Tula, Tlaxcoapan y Atitalaquia decidieron votar en contra de la propuesta gubernamental de construir un Parque Ecológico y de Reciclaje, diseñado para mitigar los efectos negativos de la contaminación en la zona.
La participación ciudadana fue alarmantemente baja, registrándose solo un 8.77% en la consulta. De 139,831 ciudadanos convocados, apenas 12,259 ejercieron su derecho al voto. Las organizaciones ambientalistas critican la falta de información que llegó a las comunidades, señalando que muchas personas optaron por no participar en un proceso que consideraron amañado desde su inicio.
La preocupación por la salud y el bienestar en la región no se limita a la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino que también incluye la cercana planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y varias industrias que contribuyen a la contaminación. Esta situación ha llevado a muchos residentes a vivir con enfermedades y a experimentar un deterioro en su calidad de vida. Angélica Arellano, activista y residente de Tula, destaca que los problemas de salud, como alergias severas, han aumentado entre los niños que crecen en este entorno.
Las promesas gubernamentales sobre el proyecto de economía circular generaron muchas dudas. A pesar de las afirmaciones oficiales de que la planta no recibiría residuos de otros estados, activistas señalaron inconsistencias en el mensaje, sugiriendo que la falta de transparencia es un problema recurrente en la gestión de residuos en la región. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, refirió en una conferencia que el proyecto debería impulsar el saneamiento del río Tula, lo que causó más desconfianza entre los colectivos locales que denunciaban el riesgo de que llegara basura de otros lugares.
René Romero, miembro del Colectivo de Comunidades en Defensa de la Vida, enfatiza que las autoridades han obstaculizado el diálogo, lo que ha resultado en una falta de cooperación en la formulación de soluciones para los problemas ambientales. La inacción gubernamental frente a la contaminación ha dejado a sus habitantes sintiéndose abandonados y sin opciones.
Las preocupaciones de la comunidad se han intensificado por el historial trágico de la región, que ha sido marcado por incidentes graves. La explosión de una toma clandestina de combustible en 2019 resultó en 73 muertes, mientras que inundaciones en 2021 llevaron a la evacuación de más de 10.000 personas y a la muerte de pacientes en un hospital local. La mortalidad y las crisis ambientales han puesto a Tula en el centro de la atención mediática, destacando su carácter de “infierno ambiental” en México.
A medida que los colectivos ambientales reclaman atención y respeto a la decisión de la población de rechazar el proyecto de reciclaje, se plantean preguntas sobre el futuro de su región. Ante la reciente propuesta de replantear el proyecto por parte del nuevo dirigente de Morena en Hidalgo, las voces locales insisten en la necesidad de priorizar la salud y el bienestar de sus comunidades, así como el cumplimiento de las promesas no cumplidas por parte de las autoridades.
El diálogo entre el gobierno y la comunidad se presenta como una necesidad urgente, en un contexto donde la lucha por el medio ambiente y la calidad de vida son vitales para el futuro de los habitantes de Tula y sus alrededores. En una región saturada de industrias y contaminación, el compromiso real por parte de las autoridades es esencial para cambiar el rumbo de esta historia.
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