Con el ocaso de 2025, el Congreso del Estado ha llevado a cabo una significativa sesión extraordinaria, marcando un hito en la legislación local al aprobar la prohibición total de la pirotecnia en fiestas populares de carácter religioso. Esta decisión, respaldada por 34 votos a favor y únicamente dos en contra por parte de diputados del PAN, responde a una demanda social que ha cobrado fuerza a lo largo del año.
La nueva norma establece sanciones severas, que incluyen penas de hasta siete años de prisión para aquellos que comercialicen pirotecnia en espacios públicos o fomenten su venta. Esta regulación es, indudablemente, un paso audaz hacia la protección del medio ambiente y la seguridad de la población, en especial de los grupos más vulnerables como niños con síndrome de Down, personas con autismo y diversas mascotas, que suelen sufrir ante el estruendo de los fuegos artificiales.
Durante el debate, el diputado Ismael Guzmán enfatizó que la prohibición se ha circunscrito por ahora a las festividades religiosas, que se celebran casi a diario en los 113 municipios de Michoacán. Este enfoque es un reconocimiento de la omnipresencia de estas celebraciones, donde el uso de pirotecnia ha sido habitual.
Adicionalmente, la ley estipula que si los usuarios de pirotecnia son menores de edad, los castigos recaerán en los padres, quienes podrían enfrentar multas de hasta cinco mil pesos o hasta siete años de cárcel. Esta medida busca fomentar la responsabilidad familiar y minimizar el riesgo asociado al uso irresponsable de estos artefactos.
La disposición entrará en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, dejando claro que, a partir de ese momento, el estruendo festivo puede resultar más costoso que la propia celebración.
En el contexto de esta importante decisión, es fundamental recordar que hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, una fecha en la que se invita a la reflexión sobre la veracidad de la información que se consume.
Los cambios en la legislación representan no solo un compromiso con la seguridad pública, sino también un reconocimiento del impacto ambiental y social de la pirotecnia, marcando así un camino hacia festividades más seguras y inclusivas en el futuro.
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