El Tren Interoceánico, una de las obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se vio envuelto en la polémica tras un descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca. Este accidente dejó un saldo trágico de 13 personas fallecidas, 98 heridas y 36 hospitalizadas, poniendo en tela de juicio la seguridad de uno de los proyectos más ambiciosos de la administración actual.
En medio de esta crisis, ha salido a la luz un audio recuperado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad donde Gonzalo López Beltrán, hijo del presidente, se comunica con un empresario llamado Jorge Amílcar Olán Aparicio. En esta conversación, López Beltrán, actuando como supervisor honorífico del Tren Interoceánico, le propone a Olán facilitar el acceso a minas en el sur del país para el negocio del balasto, material esencial para la construcción de las vías del tren.
Amílcar Olán es conocido como un estrecho colaborador de Gonzalo López Beltrán, y en sus declaraciones menciona una red de tráfico de influencias en la que supuestamente el hijo del presidente estaría implicado. “Vine porque tengo reunión acá con Gonzalo”, dice Olán, refiriéndose a un recorrido programado por el Tren Maya. En esta charla, se percibe la familiaridad y la implicación de Gonzalo en las operaciones, así como la influencia que parecen tener en el sector.
Por si esto no fuera suficiente, en el audio también se mencionan negociaciones potenciales con grupos criminales de la región. Olán hace referencia a una figura conocida como “El Tanque”, un líder criminal que opera en el sur de Veracruz, lo que añade un matiz preocupante a las implicaciones de estos vínculos.
Este cúmulo de revelaciones ha alimentado el debate sobre la transparencia y la ética en las obras de infraestructura del país. La relación de Gonzalo López Beltrán con actores empresariales y criminales desata dudas sobre la gobernanza y la supervisión de un proyecto que debería priorizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
La situación es grave y no solo afecta la reputación del gobierno, sino que también resalta la fragilidad del sistema de controles y contrapesos en la administración pública. Los últimos acontecimientos subrayan la urgencia de una investigación exhaustiva que asegure que las obras del Tren Interoceánico se realicen con los más altos estándares de integridad y responsabilidad.
La comunidad espera respuestas claras y acciones contundentes de las autoridades para restablecer la confianza en un proyecto que, al final, debe beneficiar a todos los mexicanos. Con el desenlace de esta historia aún por definirse, solo el tiempo dirá si se tomarán las medidas necesarias para corregir el rumbo y garantizar la justicia.
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