El descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z, ocurrido el 28 de diciembre de 2025, ha generado un torrente de reacciones en el ámbito nacional. Este trágico suceso resultó en la pérdida de 13 vidas y dejó a 98 personas heridas, reviviendo el debate sobre las irregularidades financieras que han empañado la rehabilitación de las rutas ferroviarias en México.
La Auditoría Superior de la Federación ha hecho eco de serias denuncias sobre la gestión financiera del proyecto, al identificar sobrecostos millonarios y pagos en exceso que superan los 28 millones de pesos. Además, ha apuntado a la inflación de costos en mano de obra y equipo, junto con el uso de balasto de baja calidad, lo que podría estar vinculado a empresas estrechamente relacionadas con familiares de exfuncionarios públicos.
Las acusaciones de corrupción se han intensificado, generando un ambiente de escepticismo y desconfianza. Audios filtrados han involucrado a personas cercanas a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que se describe como contratos inflados y una deficiente supervisión durante la construcción del Corredor Interoceánico. Esta situación ha provocado que muchos se pregunten sobre la integridad de un proyecto que debería haber impulsado el desarrollo económico del sureste mexicano.
No menos preocupante es el estado del material rodante utilizado en el tren, pues se utilizaron locomotoras de más de 40 años de antigüedad que ya presentaban fallas estructurales antes del accidente. Esta situación ha llevado a opositores a señalar una clara negligencia, sugiriendo que las prisas para inaugurar el tren comprometieron la seguridad de los usuarios.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado a investigar las causas del descarrilamiento, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) ha exigido la suspensión de operaciones y ha denunciado penalmente las irregularidades que abarcan cientos de millones de pesos. Las denuncias incluyen la duplicidad de contratos y la realización de trabajos que, según se argumenta, nunca existieron en la Línea Z.
Con esta serie de acontecimientos, lo sucedido pone en duda la efectividad de las medidas de control en la ejecución de uno de los proyectos más ambiciosos del país. La sociedad está a la espera de respuestas claras que esclarezcan tanto las causas del accidente como las responsabilidades involucradas, en un contexto donde la confianza en las instituciones se ha visto severamente afectada.
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