Europa debe capitalizar su riqueza.

La adquisición pública en la Unión Europea representa aproximadamente el 14% de su producto interno bruto, lo que la convierte en una herramienta fundamental para dar forma a los mercados y promover las políticas del bloque. Sin embargo, un reciente informe de la Comisión Europea revela que este gasto aún no es lo suficientemente estratégico ni ecológico. En más del 75% de los contratos públicos, no se incluyen criterios ambientales, lo que pone de manifiesto la desconexión con los objetivos industriales y climáticos de la UE.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha identificado la reforma de la compra pública como un pilar esencial de la nueva agenda estratégica de la UE. Esta reforma está en línea con la propuesta de Ley de Aceleración Industrial y busca fomentar el desarrollo de mercados europeos para tecnologías limpias. En sus discursos sobre el estado de la Unión, ha enfatizado la necesidad de que la producción europea y la descarbonización sean objetivos simultáneos, no opuestos. Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de la Comisión, subraya que la adquisición pública puede ser clave para asegurar la competitividad y la resiliencia económica.

La sostenibilidad debe convertirse en un requisito fundamental en las licitaciones públicas, no un mero complemento. De lo contrario, las empresas que fabriquen productos con menor huella de carbono se verán en desventaja frente a competencia más barata y contaminante. Las industrias pesadas juegan un papel crucial en la competitividad y el empleo en Europa, atendiendo a los objetivos de descarbonización y creación de empleo. Sin embargo, requieren incentivos estables que premien sus esfuerzos hacia la sostenibilidad y generen una demanda sostenible de productos limpios.

El marco jurídico actual para la compra pública es demasiado fragmentado y complejo, lo que dificulta la incorporación de criterios ecológicos. Esto deja a las empresas más sostenibles con una demanda inestable y expectativas poco claras. La adquisición pública debería recompensar el buen desempeño en sostenibilidad, pero los obstáculos administrativos continúan favoreciendo a los competidores contaminantes. Además, los procesos de compra pública están perdiendo competitividad, especialmente en licitaciones más pequeñas. El Tribunal de Cuentas Europeo ha documentado un notable aumento en la proporción de contratos adjudicados a un solo oferente, lo que agrava el problema.

En contraste, otras economías han adoptado medidas más decisivas. Bajo la presidencia de Joe Biden, Estados Unidos implementó la Ley de Reducción de la Inflación para fomentar la fabricación limpia. En el Reino Unido, una nueva legislación de adquisición pública ha integrado el “valor social” y criterios climáticos, estimulando la innovación y la sostenibilidad. Estos enfoques demuestran cómo la adquisición pública puede crear mercados piloto para tecnologías limpias, alineándose con los objetivos de la Ley de Aceleración Industrial.

Con una adecuada implementación, las reformas en la compra pública pueden facilitar un gasto público más estratégico y viable, sin necesidad de aumentar los presupuestos. Esto implica adjudicar contratos sobre la base de la calidad real y convertir la adquisición pública ecológica en la opción predeterminada. De hecho, alinear la compra con la sostenibilidad podría restar hasta 34 millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono anualmente, movilizando 86,000 millones de euros para industrias verdes y creando 384,000 empleos de alta calidad.

Algunos países ya están mostrando ejemplos exitosos. Lituania logró incrementar la compra pública ecológica del 5% al 90% en solo tres años mediante criterios claros y mecanismos de formación. Portugal ha introducido normas ambientales vinculantes en sectores estratégicos, mientras que Irlanda utiliza metas de carbono para edificar proyectos más sostenibles. El caso de Irlanda es notable: su primera licitación que aplicó una herramienta de gestión de CO2 redujo emisiones en un 21% comparado con métodos convencionales.

Con la creciente presión por presupuestos limitados y demandas ambientales, una estrategia de compra pública bien definida puede ser la clave para potenciar el crecimiento económico, proteger la salud pública y reducir las emisiones. Europa tiene la oportunidad de liderar el camino hacia un futuro más limpio y sostenible, cambiando las reglas para hacer de la sostenibilidad la norma de su adquisición pública.

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