El reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que resultó en al menos 13 muertes y decenas de heridos, marca una trágica primer gran crisis en los proyectos de infraestructura impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este accidente ha originado una serie de críticas hacia la Secretaría de Marina, responsable mediante la compañía paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), encargada de la construcción y operación del tren. Las voces de la oposición se han alzado, apuntando hacia el almirante Raymundo Morales, quien, bajo el anterior gobierno, dirigió el FIT y ahora ocupa el cargo de secretario de Marina.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado fallos significativos durante cinco años de trabajo en la construcción de este proyecto, específicamente entre 2019 y 2023. En sus auditorías, se identificaron deficiencias fundamentales en el diseño, errores en los cálculos de costos y una notable falta de supervisión. Alarmantemente, algunos de los problemas detectados se repitieron en revisiones posteriores, lo que indica una falta de respuestas efectivas por parte de la Marina. Esta situación no solo representa un desvío de recursos públicos, sino que también pone de manifiesto la inexperiencia de los responsables y la apresurada ejecución de las obras.
El incidente ocurrió el 27 de diciembre a lo largo de la Línea Z, una de las tres rutas que integran el Corredor Interoceánico, que une los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca. Este ambicioso proyecto fue concebido como una alternativa al Canal de Panamá, centrándose en el transporte de mercancías, aunque también facilitando el traslado de pasajeros.
El proyecto de rehabilitación, que abarcó la colocación de nuevos rieles y mejoras en las vías existentes, no estaba exento de complicaciones. Un informe de la ASF datado en 2019 advertía sobre las pendientes y curvaturas pronunciadas que caracterizan la región, lo que complicaba aún más las obras. Paradójicamente, el accidente ocurrió en un tramo que supuestamente había sido corregido por la Marina.
La auditoría reveló múltiples fallos atribuibles al FIT. Se documentaron problemas de planeación que llevaron a modificaciones en contratos y en el alcance de los trabajos, así como retrasos en la entrega de materiales. La ASF criticó con dureza estas deficiencias, argumentando que antes de empezar a trabajar, era esencial contar con estudios y proyectos completamente terminados para lograr un trabajo eficaz.
Entre las irregularidades encontradas, varios pagos se hicieron por bienes y servicios que no se entregaron, incluyendo supervisores que nunca se presentaron. Estos errores, sumados a una inadecuada supervisión, han suscitado preocupaciones sobre la gestión de los recursos. Se estima que las pérdidas derivadas de la débil gestión del FIT y la Marina ascienden a 71,5 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 3,9 millones de dólares.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su intención de contratar a una certificadora internacional que valide la seguridad del tramo afectado antes de su reapertura, con el objetivo de restaurar la confianza en un proyecto que se había posicionado como crucial para la economía del país.
Así, esta tragedia subraya la importancia de la adecuada gestión y supervisión en las obras públicas, resaltando la necesidad de medidas más rigurosas para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas. En un país donde las obras de infraestructura son clave para el desarrollo, la combinación de ambición política, inexperiencia y descuidos fatales puede tener consecuencias devastadoras.
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