A partir de enero de 2026, el Gobierno Federal de México implementará una notable reducción en la edad mínima para acceder a la jubilación a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esta decisión, fundamentada en compromisos previamente establecidos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), busca beneficiar a un sector específico de burócratas.
La formalización de esta medida se llevó a cabo el 24 de junio de 2025, cuando el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este cambio está diseñado para revertir el aumento progresivo de la edad de retiro que se instauró con la reforma a la Ley del ISSSTE en 2007.
En concreto, la edad mínima para jubilarse disminuirá un año en 2026 en comparación con lo que estipula la normativa vigente. Para las mujeres, que podían jubilarse a los 56 años en 2025, la edad no aumentará a 57 en los años siguientes, manteniéndose en 56 durante 2026 y 2027. Para los hombres, aquellos que debían esperar hasta los 59 años para retirarse en 2026 ahora podrán hacerlo a los 58. De aquí a 2034, la edad mínima de jubilación se establecerá en 53 años para mujeres y 55 para hombres.
Es relevante destacar que esta reducción no se aplicará a todos los burócratas. Según el decreto, solo podrán beneficiarse quienes hayan permanecido en el régimen de pensiones anterior a las Afores y que puedan demostrar un mínimo de 30 años de cotización en el caso de los trabajadores y 28 años para las trabajadoras. Aquellos que optaron por créditos de pensión del ISSSTE quedarán excluidos de este nuevo esquema. Este aspecto es importante, dado que, según cifras oficiales, de los más de 2.4 millones de burócratas activos en 2007, medianamente el 14.2% se trasladó al sistema de Afores, mientras que el resto permaneció en el régimen que actualmente se está reformando.
No obstante, el impacto fiscal de esta medida ha suscitado preocupación. Si bien el Gobierno Federal aún no ha detallado cómo influirá en las finanzas públicas, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, advirtió que la congelación y reducción de la edad de jubilación generará un coste significativo. Se estima que durante la actual administración, el gasto relacionado con esta reforma superará los 36 mil millones de pesos. A pesar de la preocupación fiscal, el decreto argumenta que estos cambios se alinean con principios de progresividad y justicia social, considerando que el sistema vigente desde 2007 era regresivo para los derechos de jubilación de los trabajadores.
La implementación de esta medida se llevará a cabo con los recursos aprobados por la Cámara de Diputados en los próximos ejercicios fiscales, prometiendo no comprometer los equilibrios fiscales del país.
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