Ovidio Guzmán López, hijo del infame Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha vuelto a retrasar su proceso judicial en Estados Unidos. La audiencia intermedia, programada inicialmente para el 10 de julio de 2026, ha sido pospuesta cinco meses más, generando aún más incertidumbre en un caso que ya ha estado marcado por aplazamientos y negociaciones complejas.
Este retraso se produce en un contexto donde Guzmán se encuentra en las últimas etapas de un proceso legal que ha capturado la atención tanto de las autoridades estadounidenses como de la opinión pública. En julio de 2025, el joven de 35 años se declaró culpable de múltiples cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, incluidos dos de mayor gravedad que podrían conllevar una condena de cadena perpetua. Sin embargo, su acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos le da la posibilidad de una reducción de sentencia si su cooperación resulta “sustancial”.
Durante su audiencia anterior, la jueza Sharon Johnson Coleman fue insistente en asegurarse de que Guzmán comprendía la enormidad de su confesión. A pesar de las advertencias y la preocupación sobre su bienestar mental, derivada de la medicación que estaba tomando por depresión, Guzmán firmó el acuerdo y se convirtió en el primer miembro de la familia Guzmán en pactar formalmente con las autoridades.
Desde entonces, su caso ha avanzado intermitentemente, con la Fiscalía evaluando el potencial valor de la información que podría aportar. El nuevo retraso plantea preguntas sobre el futuro judicial de uno de los personajes más destacados del narcotráfico en México, un hombre que ha admitido su participación en actividades criminales de gran envergadura. Guzmán ha reconocido haber colaborado en el transporte de sustancias como cocaína, heroína y fentanilo, así como haber coordinado violentos actos contra rivales y autoridades.
A lo largo de su carrera, Ovidio y sus hermanos, Joaquín, Iván Archivaldo y Alfredo, han asumido el liderazgo del Cartel de Sinaloa tras la detención de su padre. Con sus declaraciones, Guzmán no solo ha renunciado a su derecho a juicio, sino que también ha desencadenado una serie de consecuencias que se extienden a ambos lados de la frontera.
Mientras la espera por una resolución en este significativo caso continúa, el desenlace se antoja incierto, dejando entrever las complejidades del mundo del narcotráfico en México y sus implicaciones en la justicia estadounidense.
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