El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado un importante giro en su enfoque de fiscalización para el año 2026. Con la intención de mejorar la transparencia y la eficiencia, la institución concentrará sus auditorías en contribuyentes que exhiban comportamientos de alto riesgo fiscal. Esta estrategia tiene como objetivo realizar menos auditorías, pero más focalizadas, lo que podría ofrecer un marco más justo para las inversiones y una mayor certidumbre jurídica en el país.
De acuerdo con el anuncio del SAT, los contribuyentes que se verán bajo la lupa son aquellos que realicen operaciones con factureras o “nomineras”, aquellos que importen productos a precios por debajo del mercado incumpliendo regulaciones, los que presenten pérdidas fiscales recurrentes, o los que no cumplan con las retenciones de impuestos a sus empleados. Además, los auditores prestarán especial atención a quienes simulan o abusan de deducciones.
La fiscalización no se detiene ahí; también se supervisarán las operaciones con paraísos fiscales, ingresos no declarados y solicitudes de devoluciones improcedentes. En este contexto, destaca el hecho de que aquellos contribuyentes que paguen una menor tasa efectiva de impuestos en comparación con su sector estarán en el punto de mira, así como aquellos que presenten inconsistencias entre sus compras, importaciones y ventas.
Una de las reformas más significativas es que, en caso de incumplimiento, se realizará una única auditoría por contribuyente, en contraste con el protocolo anterior, en el cual se podía solicitar el 100% de la información. Ahora, solo se requerirá una muestra de las partidas sujetas a revisión. Esto promete reducir la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la institución.
Dentro del marco de su Plan Maestro 2026 titulado “Atención al contribuyente y fiscalización”, el SAT se compromete a aplicar criterios uniformes en sus diferentes oficinas en todo el país. Esto incluye una atención particular a áreas como descuentos, depósitos no identificados, y regulaciones no arancelarias, entre otros.
Además, el SAT ha anunciado que los tiempos de devolución de impuestos se reducirán notablemente. A partir de ahora, las personas físicas recibirán sus devoluciones en un plazo de cinco días, mientras que para las empresas, el tiempo de espera será de 30 días, muy por debajo del plazo legal de 40 días hábiles.
Con estas medidas, el SAT busca optimizar los recursos del sistema tributario mexicano. En la premisa de lograr más recaudación con menos auditorías, la institución establece un compromiso claro: asegurar un trato equitativo para todos los contribuyentes en México.
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