Una adolescente de 13 años se encuentra en estado grave tras dar a luz en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, según la Fiscalía local. La menor fue ingresada de urgencia en el Hospital de las Culturas el 5 de enero, acompañada por un joven de 17 años, quien se presentó como su “esposo” y buscó atención médica para ella. Sin embargo, al ser interrogado por el personal médico sobre la condición de la menor, el joven huyó, lo que ha activado una búsqueda por parte de las autoridades.
Más allá de las complicaciones propias del parto, como el aplastamiento de la vejiga y la uretra, la menor también presenta un cuadro de sarampión que ha agravado su estado. Tanto ella como su bebé se encuentran bajo vigilancia médica, aunque actualmente están en condiciones graves pero estables.
El hecho ha despertado una seria preocupación entre colectivos defensores de los derechos de las mujeres. La Fiscalía ha informado que la pareja convive con el consentimiento de sus padres. Sin embargo, voces críticas apuntan que la ley no se aplica de manera efectiva en estos casos, lo que resulta en un alarmante número de uniones entre menores. Las organizaciones, como la Colectiva Feminista 50 más 1 Chiapas, exigen una revisión exhaustiva de este y otros casos similares, enfatizando que la legislación que prohíbe el matrimonio infantil debe ser cumplida sin excepciones culturales que vulneren derechos humanos fundamentales.
La frecuencia de estos casos en Chiapas ha aumentado notablemente. De acuerdo a reportes, se registró en 2025 un total de 585 adolescentes que dieron a luz, y en los primeros días de enero de 2026 ya se contaban al menos once casos en hospitales de Tapachula y San Cristóbal. La directora de una asociación contra la violencia de género ha manifestado que esta preocupación no es nueva y que el número de embarazos entre menores es un fenómeno que se repite con inquietante regularidad, especialmente en comunidades indígenas.
Es fundamental que las autoridades actúen y apliquen las leyes que protegen a los niños y adolescentes, a la par que se impulsa la educación y el desarrollo socioeconómico en lugar de permitir que estas uniones forzadas y embarazos tempranos continúen ocurriendo. La integridad de las menores debe ser resguardada, y la impunidad en situaciones de violencia y abuso no puede ser una constante en el país. La denuncia y la visibilidad de estos casos son pasos cruciales para erradicar prácticas dañinas que hoy atentan contra el futuro de muchas niñas en México.
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