A partir del 9 de enero de 2026, se implementará en México un registro obligatorio de celulares para asociar cada línea telefónica con la identificación oficial y la Clave Única de Registro de Población (CURP) de los ciudadanos. Esta medida, oficializada por un decreto publicado el 9 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, establece que todos los usuarios de telefonía móvil deberán completar este trámite antes del 30 de junio de 2026.
La finalidad de esta regulación es actualizar la base de datos de las compañías telefónicas y concesionarios, contribuyendo así a fortalecer la seguridad pública en el país. Los antecedentes de delitos como la extorsión motivan esta estrategia, ya que busca eliminar el anonimato en las líneas que se utilizan para prácticas ilícitas.
Los ciudadanos deben seguir varios pasos para cumplir con el registro. Primero, deben reunir la identificación oficial con fotografía y la CURP. Después, pueden revisar si su proveedor de servicios móviles ha enviado las formas necesarias para el registro a través de mensajes de texto. El proceso se puede realizar en línea a través de la plataforma o aplicación oficial de la compañía; se deben ingresar los datos personales requeridos, cargar fotos de los documentos mencionados y, en algunos casos, realizar una verificación biométrica. Aquel que prefiera mantener el contacto en persona, también puede llevar a cabo el registro en las sucursales de las compañías de telefonía, conforme a las pautas emitidas por las autoridades.
Es crucial destacar que quienes no realicen este registro dentro del tiempo estipulado enfrentarán la posible suspensión de su línea telefónica a partir del 1 de julio de 2026. Esto implica que no podrán hacer ni recibir llamadas, mensajes de texto, ni utilizar servicios de internet en sus dispositivos móviles.
En resumen, la medida está diseñada no sólo para identificar las líneas telefónicas, sino también para combatir delitos asociados a la telefonía móvil. Este proceso se inscribe en un contexto más amplio de modernización y seguridad pública que las autoridades han determinado como prioritario para el bienestar de los ciudadanos en México.
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