La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió en su reciente conferencia matutina el registro obligatorio de números de telefonía celular vinculado a la identidad de los usuarios, una medida que está en marcha desde el pasado 9 de enero. Esta iniciativa es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, cuyo objetivo es combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico.
Sheinbaum aclaró que el proceso de registro se realiza directamente con las compañías de telefonía móvil, y afirmó que la información de los usuarios permanece bajo la custodia de estas empresas. Según sus palabras, en caso de que se cometa un delito, las autoridades de seguridad requerirán a las operadoras los datos del número involucrado. “El acceso a los datos solo ocurre en el marco de una investigación formal y no implica vigilancia generalizada de la población”, enfatizó.
Desde el inicio de la implementación, algunos usuarios han reportado problemas técnicos y complicaciones en los portales de varias compañías telefónicas, desencadenando preocupaciones sobre la protección de sus datos personales. Al respecto, la presidenta enfatizó que la responsabilidad de salvaguardar la información recae exclusivamente en las empresas que gestionan los registros. “Si hay alguna falla de seguridad, corresponde a ellas”, afirmó.
Asimismo, Sheinbaum subrayó que el registro de teléfonos celulares “no tiene nada que ver con vigilancia ni con saber dónde está la gente”. Las autoridades solo podrán solicitar información en el contexto de un delito denunciado.
Se estipula que el periodo de registro obligatoria se extiende desde el 9 de enero hasta el 30 de junio de 2026. Los usuarios deberán acudir a centros de atención al cliente o usar las plataformas digitales de las empresas telefónicas, presentando una identificación oficial con fotografía y su CURP. Aquellas líneas que no sean registradas serán suspendidas a partir del 1 de julio de 2026, según lo establecido oficialmente.
La discusión en torno a esta medida continúa siendo relevante en el contexto de la seguridad pública y la protección de los datos personales en México.
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