Uno de los procesos penales más desgarradores en México ha tomado un nuevo giro esta semana, tras el trágico incendio en una tienda Waldo’s en Hermosillo, que ocurrió el 1 de noviembre de 2025 y cobró la vida de 24 personas, dejando además una decena de heridos. La Fiscalía de Sonora ha anunciado que se llevó a cabo una extensa audiencia de imputación contra ocho personas y la empresa responsable. La comparecencia, que se extendió por casi 18 horas, culminó con la decisión del juez de permitir que ocho de los imputados continúen el proceso en libertad, tras acreditar su arraigo y descartar el riesgo de fuga.
Sin embargo, el apoderado legal de la sucursal afectada, conocido como José Luis N, no tuvo la misma suerte. Aunque el juez ordenó su prisión preventiva justificada, esta medida no se pudo ejecutar debido a un amparo que le otorgó protección temporal. La Fiscalía lo acusa de utilizar documentos falsos para realizar trámites municipales, como la obtención de permisos, y de estar involucrado en homicidio culposo, lesiones y daños, así como en un caso de aborto, dado que entre las víctimas se encontraban al menos dos mujeres embarazadas. La próxima audiencia, donde se definirá la vinculación a proceso de los acusados, está programada para el 19 de enero.
Además, la Fiscalía informó que 12 personas más tienen una suspensión de prisión preventiva y que se está a la espera de la citación a juicio. No obstante, dos de las personas implicadas siguen sin ser localizadas y han evadido la acción de la justicia. En un contexto de creciente presión pública, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, decidió remover al coordinador de Protección Civil del Estado para evitar cualquier conflicto de interés durante la investigación.
La tragedia de Waldo’s ha dejado una huella profunda en Hermosillo, justo en un momento de celebración como lo es el Día de Muertos, y los testimonios de quienes vivieron el horror reflejan escenas aterradoras de desesperación. Las autoridades investigan la causa del incendio, que se presume pudo ser desencadenado por un transformador eléctrico en el interior del local, y un informe de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) señala que dicho transformador era parte de instalaciones privadas, desligándose de cualquier responsabilidad en el incidente.
La magnitud de esta tragedia invita a reflexionar sobre la seguridad en lugares públicos y la responsabilidad de las empresas en la protección de sus clientes. Se espera que las investigaciones avancen, mientras la comunidad busca justicia para las víctimas y sus familias.
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