El impacto del costo financiero de la deuda ha sido notable en las finanzas públicas mexicanas, especialmente hacia el cierre del año pasado. En un contexto donde el gobierno federal buscaba consolidar su situación fiscal, los pagos de intereses han continuado siendo una carga significativa. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el periodo de enero a noviembre del año pasado, se destinaron 1 billón 19,219 millones de pesos al pago de intereses de la deuda, lo que representa un aumento del 13.4% en comparación interanual.
Este aumento en el servicio de la deuda es alarmante, ya que los intereses pagados superaron el crecimiento del costo financiero total, que incluye no solo el pago de intereses, sino también el apoyo a ahorradores y deudores. En total, el gobierno desembolsó 1 billón 71,671 millones de pesos en el ciclo mencionado, lo que se traduce en un incremento del 11.2% en comparación con el año anterior. Así, por cada 100 pesos utilizados entre enero y noviembre, 12 fueron destinados a cumplir con estos pagos.
Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), subraya que este incremento en los intereses es consecuencia del endeudamiento adquirido en años pasados, donde se contrajeron obligaciones en condiciones menos favorables y a tasas de interés más altas. Para mitigar esta presión, el gobierno ha recurrido a refinanciamientos, principalmente en el mercado local, en un esfuerzo por gestionar mejor su pasivo.
La situación es aún más preocupante al considerar que los pagos de intereses han crecido más rápidamente que el gasto público total, que alcanzó 8.4 billones de pesos, un aumento del 2.5% interanual. Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, advierte que el crecimiento de los intereses es riesgoso, ya que limita recursos para áreas críticas como la salud, educación y seguridad.
Analistas han indicado que, para abordar adecuadamente los pagos de intereses, es imperativo estabilizar el saldo de deuda y aumentar los ingresos públicos, ya sea mediante reformas fiscales o modificaciones impositivas, dado que no ha habido cambios en esta área en más de una década. Macías apunta que la creciente presión de los intereses significa que, si no se fortalecen los ingresos, habrá menor capacidad de gasto para otras necesidades.
Uno de los desafíos más acentuados que se heredó de administraciones anteriores es la consolidación fiscal. Si en 2024 los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se dispararon a niveles históricos del 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB), el gobierno de Claudia Sheinbaum recortó el gasto público para reducir el déficit. Aunque se esperaba que la consolidación fiscal disminuyera los RFSP a un 3.8% del PIB, las actualizaciones de la SHCP plantean un rango entre 4.3% y 4.4%.
A pesar de que el déficit ha disminuido en comparación con años anteriores, continúa siendo de los más altos en casi dos décadas. Enteramente, enfrentar el aumento de los pagos de intereses sigue siendo una preocupación principal en cada Paquete Económico presentado. Con la expectativa de que los RFSP se reduzcan a 4.1% del PIB en 2026, aún se considera un nivel elevado.
Se prevé que este año, el déficit difícilmente logre ubicarse por debajo de 4%, dado que otras presiones en el gasto, como las pensiones, que tendrán un presupuesto de 2.3 billones de pesos, continuarán afectando la disponibilidad de recursos.
El camino hacia una estabilidad fiscal sostenible se presenta llenos de desafíos, y la manera en que se gestione la deuda pública será crucial para la salud económica del país en los años venideros.
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