La situación actual entre México y Estados Unidos está marcada por tensiones que afectan tanto la economía como las relaciones diplomáticas. A medida que el gobierno de la presidenta Sheinbaum navega estos desafíos, tres temas clave emergen en la conversación: el narcotráfico de fentanilo, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las exportaciones de petróleo y gasolina que alimentan el régimen cubano, generando malestar dentro del gobierno estadounidense y su Congreso.
Desde que Trump asumió la presidencia, su enfoque proteccionista hacia el comercio internacional ha generado controversias. Trump, con estudios en Economía, parece haber malinterpretado conceptos fundamentales como la escasez y el costo de oportunidad. Su visión del comercio como un juego de suma cero lo lleva a creer que el déficit comercial de EE. UU. es producto de subsidios a otros países. Esta perspectiva lo ha llevado a pensar que imponer aranceles podría resolver dicho déficit, cuando en realidad, el déficit comercial es resultado de una combinación compleja de factores, incluyendo déficits fiscales y superávits en la cuenta de capital.
Más preocupante aún es su propósito de utilizar aranceles para abordar temas como el tráfico de fentanilo o presionar a países como Irán y diversos estados europeos por razones que van más allá de lo económico. Este enfoque disruptivo está afectando la dinámica del comercio internacional, propiciando que naciones como México adopten medidas similares, lo que ha reducido el volumen y el valor del comercio.
En medio de esta coyuntura, China y Canadá han respondido con un acuerdo de reducción recíproca de aranceles en productos agrícolas y vehículos eléctricos. Este giro podría desatar nuevas represalias por parte de Trump, quien ya ha insinuado que prescindir del T-MEC es una posibilidad viable. Es crucial recordar que Trump ha sugerido que preferiría acuerdos bilaterales con Canadá y México, lo que complica la posición de México en futuras negociaciones.
Los acuerdos anteriores como el TLCAN y el T-MEC habían logrado equilibrar, aunque en parte, el poder asimétrico que Estados Unidos ejerce sobre México y Canadá. Al negociar acuerdos bilaterales, esa asimetría se reestablece, lo que favorece aún más a EE. UU. En contraste con la postura proactiva de Canadá ante los aranceles, el gobierno de Sheinbaum ha optado por una reacción a las amenazas, dejando en espera decisiones que podrían afectar la economía mexicana a largo plazo.
La realidad es que más del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen hacia EE. UU., lo que pone a México en una situación vulnerable: perder acceso preferencial a este mercado podría tener repercusiones devastadoras no solo para las exportaciones, sino también para la inversión y el crecimiento económico del país.
Trump está dispuesto a negociar, pero sus exigencias son severas: demandas de apertura en el sector energético, la disolución de organismos regulatorios autónomos, el cese de envíos de combustible a Cuba y una cooperación más robusta en materia de seguridad. Para el gobierno mexicano, es esencial definir una estrategia de negociación clara y conocer las repercusiones de no llegar a un acuerdo. La situación es crítica, y cada movimiento debe ser calculado cuidadosamente en este complejo tablero de ajedrez económico y diplomático.
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