Este año, como ocurre cíclicamente, comenzamos a escuchar con mayor fuerza nombres, apellidos, rumores y supuestas “decisiones ya tomadas” rumbo a las presidencias municipales y diputaciones locales. Las precampañas arrancan y, con ellas, la narrativa de quienes pretenden convencernos de que son “los elegidos”, aun cuando la ciudadanía no los recuerda por trabajo, cercanía o resultados, sino únicamente por su capacidad económica o por los espacios que han logrado comprar en la conversación pública.
El derecho a votar y ser votado es uno de los pilares de nuestro sistema democrático. Así lo establece el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al reconocer como derechos de la ciudadanía el participar en los asuntos públicos y el poder acceder a cargos de elección popular, siempre que se cumplan los requisitos que marca la ley. Este derecho no es menor: es una conquista histórica que costó décadas de lucha y que hoy permite que cualquier persona, en igualdad jurídica, aspire a representar a su comunidad.
Sin embargo, una cosa es el derecho y otra muy distinta es la responsabilidad que implica ejercerlo.
Ser votado no significa, ni jurídica ni éticamente, que cualquier persona deba ocupar un cargo público solo porque puede hacerlo. La ley fija requisitos mínimos: edad, residencia, derechos políticos vigentes. Pero la legitimidad real se construye mucho más allá del cumplimiento formal de estos elementos. Se construye con trabajo previo, con conocimiento de la problemática local, con cercanía real con la gente y con una trayectoria que respalde la aspiración.
En Morelos, lamentablemente, estamos viendo cómo algunos precandidatos parecen confundir el derecho constitucional con un capricho personal. Personas que nunca han trabajado por su colonia, su municipio o su distrito; que no han participado en causas sociales, que no han acompañado a la ciudadanía en momentos difíciles y que hoy, de la noche a la mañana, se presentan como “la mejor opción”. No por capacidad, no por mérito, sino porque tienen recursos económicos suficientes para posicionarse o relaciones de poder que los impulsan.
Esto no solo empobrece la vida democrática, sino que la distorsiona.
Desde un enfoque jurídico, el derecho a ser votado debe interpretarse de manera armónica con el principio de representación. Quien aspira a un cargo público no lo hace para cumplir un deseo personal, sino para representar intereses colectivos. Cuando la candidatura se construye desde el ego, el dinero o la improvisación, el resultado suele ser un ejercicio deficiente del poder público y, en consecuencia, gobiernos alejados de la realidad social.
Desde el enfoque ciudadano, el problema es aún más profundo. La gente se cansa de ver siempre a los mismos perfiles reciclados o a personajes improvisados que aparecen cada tres o seis años con discursos vacíos. Esto genera apatía, desconfianza y abstencionismo. Cuando la ciudadanía percibe que las candidaturas no responden a una vocación de servicio, sino a una ambición personal, el derecho al voto pierde fuerza simbólica y se convierte en un trámite sin sentido.
No se trata de cerrar la puerta a nuevas caras ni de exigir trayectorias intocables. Se trata de exigir coherencia. Si alguien quiere gobernar un municipio o legislar para un distrito, lo mínimo esperable es que conozca sus problemas, que haya caminado sus calles y que haya demostrado, aunque sea desde lo local, que sabe trabajar por el bien común.
La democracia no se fortalece solo con leyes, sino con ciudadanía crítica. Votar implica responsabilidad, pero también cuestionar a quienes buscan ser votados. Preguntarles qué han hecho, qué saben y por qué creen merecer la confianza de la gente. No basta con espectaculares, bardas pintadas o discursos ensayados; se requiere contenido, compromiso y capacidad.
Este proceso que inicia es una oportunidad. Para los partidos, de postular perfiles dignos. Para quienes aspiran, de demostrar que su intención va más allá del poder. Y para la ciudadanía morelense, de recordar que el derecho a votar y ser votado no es un cheque en blanco, sino un instrumento para exigir mejores gobiernos.
Porque la democracia no se hereda, no se compra y no se improvisa. Se construye todos los días, con trabajo, con ética y con verdadera vocación de servicio, pues la justicia no solo es teoría, es vida cotidiana.
