Delincuencia organizada: no negociamos con criminales

La violencia y la criminalidad organizada se han convertido en un tema central de preocupación en la agenda de seguridad de nuestro país. En un reciente pronunciamiento, las autoridades competentes han dejado claro que, a pesar de enfrentar un problema grave de delincuencia organizada, no se considera viable la opción de pactar lo que se ha denominado como “paz narca”. Esta declaración, cargada de implicaciones, revela una postura firme contra la posibilidad de negociar con grupos criminales.

El contexto actual, en el que la delincuencia organizada se ha intensificado en diversas regiones, exige una respuesta decidida de las autoridades. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) destaca que la situación de violencia que enfrenta el país requiere estrategias robustas y eficaces, en lugar de soluciones temporales que podrían perpetuar el problema. Las cifras sobre homicidios, extorsiones y otras actividades delictivas son alarmantes y reflejan la complejidad de un fenómeno que no se limita a casos aislados.

Algunos analistas sugieren que la lucha contra la delincuencia debe enfocarse en la prevención y en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad en lugar de optar por acuerdos que, históricamente, han mostrado ser ineficaces. De acuerdo con la SSP, el camino hacia una sociedad más segura implica erradicar la raíz del problema, así como la inclusión de la ciudadanía en la vigilancia y en la participación comunitaria.

Un aspecto crítico que subraya este enfoque es la necesidad de una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno y las fuerzas de seguridad. El desafío no reside únicamente en desarticular organizaciones delictivas, sino también en construir un tejido social que aleje a los jóvenes de las redes criminales. La educación, las oportunidades laborales y el fortalecimiento de la cohesión social son fundamentales en este esfuerzo.

El futuro de la seguridad pública en el país dependerá en gran medida de la determinación de las autoridades para enfrentar este reto sin concesiones. La postura de no negociar con grupos delincuenciales busca enviar un mensaje contundente no solo a los infractores de la ley, sino también a la población, que aspira a vivir en un entorno de paz y legalidad. La lucha no será fácil, pero la firmeza en las decisiones puede abrir la puerta a una solución sostenible a largo plazo.

Con fecha de enero de 2026, el panorama de seguridad se mantiene incierto, pero la convocatoria a la acción y a la unidad es más relevante que nunca. Los ciudadanos, las instituciones y las autoridades deben estar alineados en la tarea de construir una sociedad donde la violencia y la criminalidad no tengan cabida.

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