Las aseguradoras en México enfrentan un nuevo desafío tras una reciente interpretación del IVA por parte de la autoridad fiscal que podría poner en riesgo su viabilidad. Este cambio, que data de octubre de 2025 y se formalizó en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, niega a las compañías el derecho a acreditar el IVA en los pagos por siniestros, creando así un impacto financiero significativo.
Miguel Ángel Rosas Ortiz, asociado sénior fiscal de Pérez-Llorca, destaca que esta nueva política podría llevar a las aseguradoras a implementar estrategias de integración vertical. Esto implicaría la adquisición o desarrollo de talleres de autos o hospitales para controlar los costos, situación ya observada en otros mercados. Aunque tales movimientos pueden generar eficiencias operativas, también podrían concentrar el mercado, limitando las opciones disponibles para los asegurados.
La lógica detrás de estas decisiones sería clara: dado que el cambio fiscal aumentará los costos operativos, las aseguradoras probablemente trasladarán este impacto al consumidor final a través de un aumento en las primas. Esto se presenta como una preocupación compartida en la industria, donde ya se anticipa un incremento de precios en seguros de salud y automóviles, los cuales representan casi el 40% de las primas en el país.
Rosas Ortiz también resalta un riesgo adicional: la tendencia a declarar vehículos en “pérdida total” en lugar de repararlos, simplemente porque es más económico. Esta práctica, a corto plazo favorable para las aseguradoras, podría traer consecuencias negativas, como el aumento de precios de automóviles usados y una creciente chatarra, lo que limitaría aún más la penetración del seguro en la población mexicana.
El cambio en el criterio fiscal se definió en 2024, cuando la Secretaría de Hacienda decidió limitar el acreditamiento de IVA retroactivamente desde 2019. Esta decisión generó una carga fiscal severa, creando un escenario preocupante que amenazaba la estabilidad financiera de muchas aseguradoras. El acuerdo que se logró en octubre de 2025, que condona el IVA acreditado hasta 2024 y permite regularizar el 2025 sin penalizaciones, no resuelve completamente las tensiones latentes en el sector.
Si bien algunos legisladores han propuesto limitar las subidas de las primas por medio de normativas, Rosas Ortiz advierte que esta acción podría llevar a Insolvencias si no se aborda la raíz del problema: el cambio en el criterio fiscal. Las autoridades fiscales necesitan reconsiderar esta medida, ya que su actual enfoque amenaza la sostenibilidad de un sector clave para la economía mexicana.
Así, las aseguradoras en México se encuentran en una encrucijada: deberán adaptar sus modelos de negocio para hacer frente a nuevos costos, mientras que las autoridades deben evaluar el impacto de sus decisiones en un mercado que depende de la estabilidad y la accesibilidad de seguros.
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