La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el 20 de enero de 2026 la recepción de 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo. Este ingreso marca un giro significativo para el país caribeño, que ha estado en el centro de tensiones políticas y económicas. Los ingresos son parte de un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles, pactado con el expresidente estadounidense Donald Trump, tras la captura del presidente Nicolás Maduro a inicios de este mes.
Según informes recientes, Caracas notificó a cuatro bancos locales sobre la división de estos ingresos petroleros, que han sido depositados en una cuenta en Qatar. Esta estrategia permitirá vender dólares a empresas venezolanas, proporcionándoles la divisa necesaria para adquirir materias primas esenciales. Durante un evento en Caracas, Rodríguez destacó que de un total esperado de 500 millones de dólares, ya han ingresado 300 millones, lo que representa un alivio para la economía del país.
Estos flujos de recursos se destinarán al mercado cambiario y a la banca nacional, así como al Banco Central de Venezuela, con el objetivo de consolidar y estabilizar el mercado, además de proteger el ingreso y el poder adquisitivo de los trabajadores. La crisis económica que Venezuela ha enfrentado en los últimos años ha requerido medidas urgentes para abordar la inflación y el desabastecimiento.
En una declaración adicional, Trump mencionó que se habían retirado los 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela y que se estaban comercializando en el mercado abierto. Sin embargo, los registros de envío indican que esa cantidad aún no ha sido exportada.
Por otro lado, la Asamblea Nacional, bajo la dirección de Jorge Rodríguez, discutirá reformas a la ley petrolera del país esta semana. El enfoque de esta reforma se basa en una estructura de asociación, que fue introducida durante la administración de Maduro, aunque no se proporcionaron detalles concretos sobre los cambios propuestos.
Rodríguez se ha mostrado favorable a estos cambios en la legislación de hidrocarburos, que buscan fomentar la inversión extranjera en el sector. La ley actual establece un modelo de contrato único con empresas mixtas controladas por la estatal PDVSA, pero en los últimos años se han comenzado a implementar contratos de participación productiva para nuevas asociaciones, cuyos términos aún no han sido del todo revelados. Estos contratos son un elemento clave que deberá estar reflejado en la reforma, como subrayó el líder parlamentario.
Este panorama refleja no solo las dinámicas internas del país, sino también su interacción con un contexto geopolítico más amplio, donde las decisiones de inversión y comercialización del petróleo son cruciales para la recuperación económica. La situación sigue evolucionando, y la atención ahora se centra en los próximos pasos del gobierno venezolano y las implicaciones de estas medidas en el bienestar de sus ciudadanos.
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