La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha confirmado que la Fiscalía General de la República (FGR) está llevando a cabo una investigación contra su exesposo, Carlos Alberto Torres Torres. Esta indagatoria se centra en presuntos vínculos de Torres con actividades delictivas, que incluyen narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.
Durante una reciente conferencia de prensa, Ávila reveló que ya estaba informada acerca de esta denuncia anónima que originó la investigación y reafirmó su confianza en la capacidad de la FGR para manejar el caso de forma seria y transparente. Impulsada por estas preocupaciones, la mandataria instó a las autoridades a llevar el asunto a buen término y garantizar la verdad.
La FGR inició la investigación tras recibir una denuncia presentada en junio de 2025 a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Según los detalles recopilados, Carlos Torres habría recibido pagos mensuales de hasta 150 mil dólares. Este dinero provendría de Pedro Ariel Mendívil García, quien fue director de Seguridad Pública de Mexicali y está supuestamente vinculado a la célula delictiva conocida como “Los Rusos”, asociada al Cártel de Sinaloa.
Además de las sumas de dinero mencionadas, la investigación sugiere que Torres participó en extorsiones dentro de las aduanas del estado y podría estar vinculado a la inversión de capital ilícito en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Se ha mencionado también a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, como presunto líder de una estructura que operaba a través de empresas fachada, facilitando así diversas actividades delictivas.
Ante esta situación, la gobernadora expresó su apoyo al trabajo de la FGR, indicando que su exesposo ha reconocido la existencia de la investigación, aunque intentó restar importancia al afirmar que se trata de un procedimiento protocolario basado en una denuncia sin rostro.
La importancia de esta investigación trasciende lo personal, tocando puntos críticos de la seguridad y el orden público en Baja California, una región que ha enfrentado retos significativos en términos de crimen organizado. El desarrollo de este caso será vigilado de cerca tanto por las autoridades locales como por la población, dado el impacto potencial en la percepción de la gobernanza y la seguridad en el estado.
Esta situación subraya la complejidad de las relaciones personales en contextos de gestión pública, donde la imagen y el liderazgo de los funcionarios electos pueden verse profundamente afectados por las acciones de su círculo cercano. La FGR continuará su labor, buscando esclarecer las circunstancias que rodean este asunto mientras la gobernadora reafirma su compromiso con la transparencia y la justicia.
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