Ecuador ha decidido imponer nuevas tarifas al transporte de petróleo colombiano a través de su oleoducto, en el marco de lo que se ha convertido en una intensa guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia. Esta medida fue anunciada por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, destacando que la decisión de gravar las importaciones colombianas en un 30% es una respuesta a lo que Quito considera una insuficiente colaboración en la lucha contra el narcotráfico en su frontera común.
Apenas un día después, Bogotá reaccionó con la misma tarifa sobre una variedad de productos ecuatorianos y, además, suspendió el suministro de electricidad hacia Ecuador. Esta medida resalta el clima de tensión entre los dos países, que ha crecido en los últimos meses a medida que surgen diferencias en diversas áreas.
Manzano subrayó que la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) se ajustará según la reciprocidad recibida en el caso de la electricidad. A través de su cuenta en la red social X, la ministra afirmó que “Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética”.
El gobierno ecuatoriano ha establecido que este nuevo arancel del 30% entrará en vigencia el 1 de febrero próximo y se aplica a las importaciones, excluyendo la electricidad, de la que Ecuador depende, y el servicio de logística de hidrocarburos, crucial para su economía. El OCP, del cual el Estado ecuatoriano es el accionista mayoritario, tiene una capacidad de 450,000 barriles por día (bd), desempeñando un papel vital en el transporte de crudo extraído de la selva amazónica hacia el Pacífico.
En cuanto a la producción de crudo, Ecuador reportó una cifra de 469,000 bd en noviembre del año pasado, de la cual un 39% fue movilizada a través del OCP, de acuerdo con los datos más recientes del Banco Central. Así, el país se encuentra en una situación en la que exporta crudo mientras importa combustibles, un equilibrio delicado que se ve afectado por las nuevas políticas arancelarias.
A medida que estas medidas se implementan, la relación entre Ecuador y Colombia continúa en un punto crítico, donde cada decisión puede afectar no solo la economía de ambos países, sino también la seguridad y estabilidad en su región.
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