México ha comenzado el año 2026 bajo la sombra de serias alertas cibernéticas que ponen de manifiesto la urgencia de fortalecer las medidas de seguridad en el país. Durante el reciente periodo vacacional, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló una intrusión no autorizada en cinco de sus más de 100,000 sistemas informáticos. En respuesta, la institución activó sus protocolos de seguridad, inhabilitando los sistemas afectados para mitigar riesgos.
El panorama se complica aún más con la reciente declaración de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del gobierno federal, que ha abierto una investigación por un posible incidente de seguridad involucrando bases de datos personales de instituciones públicas. Las hipótesis apuntan a un posible hackeo, uso indebido de credenciales o filtraciones internas, evidenciando la vulnerabilidad de los sistemas en un entorno digital cada vez más amenazante.
El informe Global Cybersecurity Outlook 2026 del World Economic Forum (WEF) detalla un futuro sombrío en términos de ciberseguridad, caracterizado por un aumento en las amenazas y una fragmentación geopolítica. La inteligencia artificial (IA) juega un papel doble en este escenario: por un lado, representa una herramienta para fortalecer las defensas, pero por otro, también capacita a los atacantes para llevar a cabo operaciones más sofisticadas. Sorprendentemente, el 94% de las organizaciones encuestadas prevén que la IA se convertirá en el elemento más influyente en la ciberseguridad en el próximo año. A pesar de esto, solo el 64% de las empresas están comenzando a evaluar la seguridad de estas herramientas de manera sistemática, aumentando un 27% con respecto a 2025.
El informe del WEF también identifica obstáculos que obstaculizan la resiliencia de las organizaciones frente a ciberataques. Los tres principales retos incluyen el rápido cambio en el panorama de amenazas, las vulnerabilidades en la cadena de suministro y una escasez de habilidades en el personal. En un país como México, donde la ciberseguridad se amplía más allá de la mera prevención hacia la operatividad continua, es vital establecer mecanismos de respuesta efectiva. Esto implica no solo monitoreo y respuesta a incidentes, sino también preservación de evidencia y recuperación.
En cuanto a la institucionalidad en México, el reporte regional de ciberseguridad de 2025 señala la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, responsable de políticas de ciberseguridad. La Comisión Interministerial de Tecnologías de la Información y Seguridad de la Información desempeña un papel crucial en la coordinación de estas políticas, mientras que el CERT-MX trabaja como punto de contacto y respuesta a incidentes a nivel nacional.
A nivel de cultura y preparación, se han llevado a cabo campañas como la Semana Nacional de Ciberseguridad, que incluye talleres de manejo de incidentes bajo un protocolo nacional estandarizado. Avances en la adopción de normas como el NIST Cybersecurity Framework e ISO IEC 27001 también son un signo positivo. Sin embargo, los retos persisten. La formación sistemática de personal especializado para manejar delitos informáticos y evidencia digital sigue siendo insuficiente y desigualmente distribuida entre instituciones, lo que complica la resolución de casos críticos.
Con respecto a los incidentes recientes en la UNAM y en el gobierno federal, ambos reflejan la realidad preocupante para 2026: un entorno que, alimentado por la inteligencia artificial y el fraude digital, demanda respuestas rápidas y efectivas. La interconexión y la rapidez de evolución dentro del ámbito cibernético hacen que la necesidad de procesos estandarizados y competentes sean más urgentes que nunca. Así, la ciberseguridad en México, lejos de ser una cuestión opcional, se ha convertido en una prioridad inminente que requiere atención y recursos en un mundo donde los riesgos siguen en aumento.
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