La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el que pide que se tome declaración como imputado por los delitos de cohecho y revelación de secretos al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por los “numerosos indicios” de que conoció y autorizó los trabajos de espionaje que, durante 13 años, encargó la eléctrica al comisario jubilado José Manuel Villarejo, según confirman fuentes jurídicas.
La Fiscalía da este paso después de que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional presentase el pasado 12 de mayo un informe al magistrado en el que detallaba el hallazgo de nueve audios con conversaciones entre Villarejo y el antiguo responsable de seguridad de la compañía, Antonio Asenjo, ya imputado en la causa. En esas grabaciones, el comisario reclamaba más dinero por sus trabajos y, en varios momentos, se refiere aparentemente a Galán como supuesto conocedor de los encargos. Sánchez Galán intentó días después anticiparse a Anticorrupción y pidió declarar en la causa. Anticorrupción también pide que sean citados como investigados otros tres directivos de la compañía.
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El juez Manuel García-Castellón abrió en 2019 una línea de investigación —la pieza separada número 17 del macrosumario del caso Villarejo— centrada en Iberdrola tras encontrar al comisario documentación sobre sus trabajos para la empresa. La eléctrica firmó contratos con la trama durante 13 años (entre 2004 y 2017). Constan, al menos, un total de 17 facturas entre ambas partes. Entre los trabajos supuestamente encargados en ese tiempo al comisario se encuentran los denominados Proyecto Arrow (para eliminar la oposición municipal y de los ecologistas en la construcción de una central en Arcos de la Frontera, en Cádiz) y Gipsy y Posy, supuestamente vinculados ambos a Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y del Real Madrid, y que intentó entrar en el consejo de administración de Iberdrola. Pérez está personado en la causa como perjudicado.
El caso Villarejo ha impactado de lleno en la cúpula empresarial del país. Varios nombres se encuentran imputados por los encargos al comisario jubilado: entre otros, Francisco González, expresidente del BBVA; Antonio Brufau, presidente de Repsol, e Isidro Fainé, expresidente de CaixaBank y presidente de la Fundación La Caixa. Otras empresas salpicadas son la constructora San José, Mutua Madrileña o Grupo Planeta.
