En un giro inesperado, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han decidido no utilizar las nuevas camionetas blindadas, valoradas en casi tres millones de pesos cada una, adquiridas recientemente. Este anuncio, difundido a través de la red social X, surge en medio de una polémica que ha sacudido al país tras la publicación de fotografías de estos lujosos vehículos.
El pleno de la SCJN, que incluye a cinco mujeres y cuatro hombres, ha manifestado su intención de devolver las camionetas o, en su defecto, ponerlas a disposición de aquellos jueces que enfrentan mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones. En un contexto donde la austeridad y la reducción del gasto en el Poder Judicial de la Federación (PJF) son temas sensibles, esta decisión refleja una respuesta directa a las críticas que han surgido desde su presentación pública.
La controversia comenzó el jueves pasado, cuando se hicieron virales imágenes de estos vehículos en redes sociales. Los ministros, quienes asumieron sus cargos el 1 de septiembre, habían prometido una administración más responsable y menos costosa. En un intento por justificar la adquisición, la SCJN enfatizó que la renovación de la flotilla vehicular era una medida basada en la seguridad. Según fuentes de la Corte, los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares necesarios para proteger a quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad.
Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Veracruz, solicitó al Órgano de Administración Judicial (OAJ) y a la propia Corte una explicación sobre la compra. En respuesta, se informó que esta acción permitiría un ahorro de más de mil millones de pesos al optar por una compra en lugar de un arrendamiento. De acuerdo con cifras oficiales, entre 2022 y 2025, el extinto Consejo de la Judicatura Federal y otros órganos del PJF habían operado con un esquema de arrendamiento que habría significado un desembolso de 366.2 millones de pesos por año, cifra que sería mucho mayor si se mantenía.
La decisión de adquirir 571 vehículos por un costo de 252 millones de pesos está diseñada para satisfacer las necesidades de movilidad de diversas instituciones del sistema judicial a partir de 2026. Este gasto representa solo el 68.8% del costo de un año de arrendamiento, generando así un ahorro impresionante de aproximadamente 1,098 millones de pesos para los años 2026 a 2028.
Este revés en el uso de vehículos blindados es un recordatorio del delicado balance que la SCJN debe mantener entre la seguridad de sus funcionarios y la percepción pública sobre el gasto en el aparato judicial. En un entorno cada vez más vigilante, donde la administración del dinero público es motivo de debate constante, la Corte se ve obligada a actuar con sensibilidad y responsabilidad. La preocupación sobre la seguridad y el uso eficiente de los recursos es esencial, y este episodio recalca la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en el sistema judicial mexicano.
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