La Suprema Corte de Justicia de México ha tomado la decisión de devolver las nueve camionetas blindadas que había adquirido para los ministros del Pleno, tras despertar una ola de críticas por la naturaleza costosa de este gasto. Cada uno de estos vehículos costó aproximadamente 2,4 millones de pesos, incluyendo el blindaje; un monto que ha sido cuestionado en el actual contexto económico del país. Durante una conferencia de prensa, el presidente del tribunal, Hugo Aguilar, enfatizó que no existen riesgos que amenacen la actividad judicial y afirmó: “Seguridad no implica lujo”.
Esta controversia floreció tras el anuncio del fin de semana, marcando el final de una compra que muchos consideraron excesiva. Los ministros argumentaron que el motivo de esta decisión era la necesidad de reemplazar cuatro camionetas que los miembros del Pleno anterior se llevaron al finalizar su mandato, lo cual había dejado al parque vehicular de la institución incompleto. Aguilar aseguró que esta medida no comprometerá las operaciones de la Corte.
El ministro Arístides Guerrero ha elevado las críticas hacia sus antecesores, señalando que no solo se sustrajeron vehículos, sino también obras de arte. “¿En qué tipo de trabajo se permite adquirir un vehículo a un precio tan superior al del mercado?”, se cuestionó Guerrero, reflejando el malestar por la administración anterior.
Esta decisión y las repercusiones de la compra de camionetas blindadas evidencian la creciente presión sobre la Corte, en un tiempo donde la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos son más relevantes que nunca. La Suprema Corte se encuentra bajo un escrutinio que, si bien pudiera haberle otorgado seguridad a sus miembros, también ha puesto en tela de juicio la ética detrás de tales decisiones.
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