La presión ejercida por Donald Trump hacia México se ha intensificado, focalizándose en la exigencia de resultados inmediatos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. En un contexto electoral marcado por el descontento hacia su gobierno, que se manifiesta en las encuestas negativas y el aumento de la inflación, el presidente estadounidense busca “trofeos” que puedan asegurar su victoria en las elecciones de noviembre. Bajo esta premisa, Marco Rubio, director del Departamento de Estado, ha reforzado la demanda de respuestas rápidas y efectivas.
La respuesta de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, fue estratégica: entregó a 37 delincuentes el mismo día en que Trump cumplió un año en el poder, un gesto que ofrecía tanto a los ciudadanos como a la prensa un mensaje claro sobre su disposición a colaborar. Sin embargo, este acto revela una compleja realidad: mientras Estados Unidos anhela resultados rápidos, México es consciente de que desmantelar las redes de complicidad entre políticos y mafias no es un proceso que se pueda llevar a cabo de forma abrupta. Tal acción podría provocar un desbalance y generar un incremento en la violencia.
Este fenómeno se entiende mejor a través del concepto de “desconexión nacional”, propuesto por el antropólogo Claudio Lomnitz. La fragmentación del país, especialmente en los años de implementación de políticas neoliberales, ha creado un México de dos velocidades. En las áreas vinculadas al T-MEC, la modernización y la legalidad han tomado protagonismo; sin embargo, en las regiones rurales, la vieja estructura de poder ha prevalecido, sustentándose en alianzas entre políticos y grupos criminales.
La defenestración del PRI, consecuencia directa de las reformas comerciales y la derrota en la apertura democrática, dejó al país vulnerable. Las antiguas dinámicas de gobernabilidad se desmoronaron, y en su lugar surgieron pactos entre el crimen y las autoridades, borrando las líneas entre lo legal y lo ilegal. La violencia se convirtió en una herramienta de administración del poder, un fenómeno que el expresidente López Obrador intentó mitigar a través de propuestas como “abrazos no balazos”.
Sin embargo, la presión externa simbolizada por las exigencias de Trump amenazan con romper el frágil equilibrio que mantiene la gobernabilidad en México. La presidenta se enfrenta a una disyuntiva crítica: priorizar la estabilidad mediante acuerdos informales o ceder ante las demandas externas, lo que podría desencadenar una tormenta política insostenible.
Mientras tanto, el dilema persiste: la nación mexicana sigue atrapada entre pactos locales que han permitido cierta gobernabilidad y las presiones globales que exigen un cambio inmediato. La necesidad de combatir la corrupción se vuelve cada vez más evidente, aunque el camino hacia una solución definitiva parece estar lleno de obstáculos. La interacción entre México y Estados Unidos se ha convertido en un espectáculo político que exige atención, mientras el futuro del país se encuentra en un punto de inflexión.
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