La crisis en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de México se ha profundizado en los últimos meses, con la salida de su presidenta, Vania Pérez Morales, y la incertidumbre sobre la dirección del organismo. Al día de hoy, solo permanecen en funciones Patricia Talavera y Rafael Martínez Puón, quienes enfrentan cuestionamientos sobre su legitimidad y desempeño.
Pérez Morales, en su informe final, apuntó con preocupación a la inactividad del comité, el cual apenas se reunió en dos ocasiones durante su gestión, con un intervalo de diez meses entre ellas. Esta parálisis, según ella, se debió a la falta de liderazgo tras la renuncia de Roberto Moreno, el secretario ejecutivo, quien fue solicitado a dejar su puesto debido a presuntos malos manejos administrativos. A su vez, el auditor superior de la federación, David Colmenares Páramo, fue criticado por su ausencia en las sesiones del órgano de gobierno del SNA.
La situación se complica con la falta de nombramientos para cubrir las vacantes que dejaron miembros anteriores. Aunque los cinco asientos del Pleno del CPC están destinados a representantes de la sociedad civil, el Senado no ha realizado las designaciones pertinentes, lo que ha dejado al comité en una situación de debilidad y poca representatividad. Magdalena Verónica Rodríguez Castillo y Jorge Alberto Alatorre Flores concluyeron sus mandatos sin que el Senado los reemplazara, dejando un vacío que atenta contra la efectividad y funcionalidad del SNA.
El actual periodo de Talavera es de dos años, mientras que Martínez Puón ocupa su cargo por un trienio. Esta falta de referentes en el comisionado ha llevado a Rafael Ruiz Mena, quien se encarga de la secretaría ejecutiva, a solicitar formalmente a Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara Alta, aclaraciones sobre la necesidad de nombramientos.
La implicación de un posible plagio por parte de Martínez Puón ha añadido otra dimensión a la controversia. Pérez Morales envió una carta al Instituto Nacional de Administración Pública para presentar indicios de esta falta, mientras que Martínez Puón defendió su honor y el de la institución, considerando estas acusaciones infundadas.
Pese a las críticas, Talavera y Martínez Puón han tratado de desmentir las versiones periodísticas que sugieren la desaparición del CPC, reafirmando su capacidad para seguir operando dentro de los marcos legales establecidos. Argumentaron que ni la Ley General ni el Reglamento Interior establecen un mínimo de integrantes para que el comité pueda sesionar de manera válida, lo que les permite continuar con sus labores.
Ante un panorama incierto y complejo, la transición de liderazgo en el SNA resulta fundamental para restaurar la confianza en un órgano cuya finalidad es combatir la corrupción. Sin un nombramiento oficial claro de sus liderazgos y con un respaldo social perceptiblemente erosionado, el futuro de la integridad institucional en México queda en entredicho, y con ello, se desvanece la promesa de una gestión efectiva y sostenible en el combate a la corrupción.
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