Gobierno despliega 1.000 soldados en Sinaloa.

El conflicto en Sinaloa se intensifica tras el secuestro de diez trabajadores mineros el 23 de enero. En respuesta, el gobernador Rubén Rocha Moya ha anunciado el despliegue de 1.190 elementos de fuerzas armadas, incluyendo 800 soldados del Ejército, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, así como el apoyo aéreo de tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan. Esta operación, derivada de una orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, marca un precedente al movilizar un contingente tan significativo en la búsqueda de personas desaparecidas en la región.

Los trabajadores, ligados a la empresa canadiense Vizsla Silver en un proyecto de explotación de plata, fueron secuestrados en un campamento minero en Concordia. Entre ellos se encuentran profesionales como el ingeniero Saúl Alberto Ochoa Pérez y el geólogo José Castañeda, todos aún sin rastro y con la administración local sin pistas claras sobre su paradero. La situación es desesperante, y la incertidumbre crece entre sus familias y la comunidad.

Un grupo armado, presuntamente vinculado a Los Chapitos —los hijos del notorio Joaquín “El Chapo” Guzmán— es señalado por las autoridades como responsable del secuestro. Según el secretario de Seguridad, esta célula tiene una historia de violencia creciente, que ha obligado a más de 100 familias a abandonar sus hogares en los últimos meses. Pobladores han identificado a Óscar Martínez Larios, conocido como “el Casco”, como líder de este grupo, que ha intensificado su actividad delictiva con énfasis en la extorsión y la disputa territorial.

La sierra sur de Sinaloa es un terreno de disputa entre diversas agrupaciones criminales, donde la confrontación entre los hijos de El Chapo y su antiguo socio, Ismael “El Mayo” Zambada, se ha intensificado desde septiembre de 2024. Este conflicto no solo pone en jaque la seguridad de la región, sino que tiene repercusiones en la economía local y en proyectos industriales como el de Vizsla Silver. Esta empresa, que ha invertido 300 millones de dólares en la construcción y producción de minerales, enfrenta un entorno complicado marcado por la violencia.

El proyecto tiene un potencial significativo, con reservas estimadas en 326 millones de onzas de plata equivalente y una producción diaria proyectada entre 3.300 y 4.000 toneladas. Sin embargo, el clima de violencia y las amenazas persistentes están afectando tanto la operación del proyecto como la seguridad de quienes trabajan en él.

A medida que el operativo de búsqueda se desarrolla, las autoridades siguen sin contar con información concreta sobre la situación de los trabajadores secuestrados. El futuro de esta región y de su población depende no solo de las acciones inmediatas de las fuerzas federales, sino también de un cambio estructural que permita restaurar la paz y la seguridad en Sinaloa. En un entorno donde el crimen organizado dirige las decisiones, la comunidad clama por respuestas y soluciones urgentes.

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