En el ámbito de la justicia mexicana, recientes hallazgos del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) han revelado preocupantes irregularidades que ponen de manifiesto la falta de transparencia y eficiencia en el manejo de casos y procesos críticos. En un informe enviado al Congreso de la Unión, se detallaron anomalías que se remontan hasta el 8 de agosto de 2025, fecha en la que Arturo Serrano Meneses fue removido de su cargo como titular del OIC, debido a presuntas irregularidades en la incineración de narcóticos.
Una de las cuestiones más alarmantes es la ausencia de información detallada sobre los procesos de incineración de drogas. A pesar de la gravedad del tema, el OIC reportó que hasta esa fecha no existía claridad sobre el tipo y volumen de drogas incineradas, ni sobre las condiciones en que se llevaban a cabo estas operaciones. La falta de reportes diarios y la ausencia de verificación sistemática de los equipos utilizados para la incineración evidencian un déficit en la transparencia operativa, que por años se ha regido por normativas de 1994. Este año, se espera una revisión de estas normativas para corregir las deficiencias existentes.
Durante el periodo de agosto a diciembre de 2025, el OIC participó en 136 actos de incineración, destruyendo un total de 71,871 kilogramos de drogas, así como más de 5.5 millones de unidades de fentanilo. Sin embargo, las irregularidades detectadas en estos procesos llevaron a la emisión de tres notificaciones penales a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y una notificación administrativa ante la Unidad de Denuncias e Investigaciones del OIC.
Por otro lado, la situación en la Unidad de Denuncias e Investigaciones es igualmente grave. Al cierre de 2025, había 3,965 asuntos en trámite y 3,791 atenciones ciudadanas, lo que revela un sistema colapsado por rezagos significativos. Entre los casos más preocupantes se encuentran 58 expedientes relacionados con acoso sexual y 56 por faltas administrativas por no cumplimentar órdenes de aprehensión. A modo de comparación, el informe del OIC de 2024 registró 3,482 investigaciones administrativas en proceso al 31 de diciembre de ese año.
Asimismo, la Unidad de Responsabilidades Administrativas, encargada de investigar a presuntos responsables dentro de la FGR, contaba, al final de 2025, con 566 procedimientos en trámite, una reducción notable desde los 1,335 registrados el 8 de agosto anterior. Esto sugiere una gestión deficiente, ya que se declararon 186 sobreseimientos y 233 casos no resultaron en sanciones administrativas.
La preocupante situación expuesta no solo refleja las disfunciones internas del sistema judicial mexicano, sino también la necesidad urgente de reformas estructurales que garanticen no solo la efectividad de la justicia, sino también la confianza pública en las instituciones encargadas de su administración. Estos hallazgos, del 3 de febrero de 2026, subrayan la importancia de un escrutinio continuo y de la necesidad de rendición de cuentas dentro de la Fiscalía.
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