El reciente informe sobre la lucha contra la piratería en México destapa una alarmante realidad: a pesar de los esfuerzos para frenar el comercio de mercancías falsificadas, la gran mayoría de los productos decomisados permanecen sin procesar. Tras la realización de 20 operativos conocidos como “Limpieza” en 11 estados del país, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha confiscado mercancía falsificada valorada en casi 935 millones de pesos. Sin embargo, asombrosamente, el 96.8% de este total aún reposa en bodegas, con apenas 411,000 pesos (0.1%) destruidos y 29.2 millones de pesos (3.1%) devueltos a sus dueños. La cifra restante —más de 905 millones de pesos— está en un limbo procesal que invita a la reflexión sobre la eficacia de la política anticorrupción.
La raíz de este problema se encuentra en la tramitación jurídica. El decomiso es, en muchos casos, una medida provisional, y para avanzar hacia la destrucción del producto ilegítimo, se requiere iniciar un procedimiento formal ante el IMPI. Este proceso depende de que el titular de la marca afectada promueva un expediente dentro de un plazo de 20 días. Si no lo hace, el aseguramiento puede levantarse, permitiendo que la mercancía sea devuelta sin que se haya tomado acción, como ha sucedido en comercios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se decomisaron productos sin que se iniciara un procedimiento.
Un dato aún más inquietante se asoma: los estados de Sonora, Coahuila, Baja California y Durango concentran el 89% del valor asegurado, pero, increíblemente, no han iniciado ningún procedimiento ante el IMPI. Para que el ataque a la piratería sea realmente efectivo, es esencial que tanto los titulares de las marcas como las autoridades locales actúen en conjunto; de lo contrario, los casos quedan truncos.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estima que la piratería causa pérdidas anuales cercanas a los 43,000 millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Un estudio de la American Chamber of Commerce of Mexico revela que uno de cada tres productos vendidos en México es falsificado o contrabandeado, y que un asombroso 70% de los consumidores no logra distinguir entre un producto original y su copia.
El caso específico de la mercancía decomisada en Izazaga 89 ilustra esta ineficiencia: productos con un valor de más de 56 millones de pesos no han sido destruidos porque el proceso judicial no se ha concretado. Aunque el IMPI ha sugerido a la Fiscalía General de la República (FGR) que se destruyan parte de los productos y se conserve una muestra, hasta el momento no ha habido respuesta. Además, es importante señalar que tanto el dueño de la marca como el gobierno enfrentan costos adicionales por el almacenamiento. El resultado es un ciclo donde los infractores ganan tiempo, los titulares de las marcas deben incurrir en gastos adicionales, y el estado desembolsa cerca de 1,200 millones de pesos al año solo en arrendamientos de bodegas. Este monto equivale al 88% del valor comercial estimado de lo decomisado.
Ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), estas ineficiencias no solo tienen repercusiones internas, sino que también se convierten en un punto de presión internacional. Es esencial que México modifique su enfoque: debería implementarse una destrucción rápida de productos, conservar muestras adecuadas y asegurar procedimientos que avancen de oficio cuando el operativo sea del estado. Asimismo, se deben establecer costos recuperables para los infractores y plazos obligatorios para los estados que aseguran productos. Por último, sería preferible que se publique un desglose mensual de los costos de almacenamiento de lo decomisado por cada dependencia.
El desafío que enfrenta México es considerable, pero el tiempo para actuar es ahora. La lucha contra la piratería no solo es crucial para proteger a los negocios legítimos, sino también para salvaguardar la economía nacional.
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