Entre 2015 y 2025, la violencia letal en México experimentó un alarmante incremento del 68.2%. A pesar de un ligero descenso del 8.6% entre 2024 y 2025, el panorama general sigue siendo desolador. Este preocupante análisis se expone en un reciente estudio que aborda la complejidad de la violencia en el país, subrayando la importancia de una comprensión más amplia que vaya más allá de los homicidios dolosos.
Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de una ONG, advirtió que centrarse únicamente en el homicidio doloso puede generar una visión sesgada. Existen distorsiones en los registros oficiales y malas prácticas de clasificación, así como estrategias del crimen organizado que añaden complicaciones, como la desaparición de cuerpos. “Los datos oficiales no son perfectos, pero son el punto de partida para mejorar la medición y la rendición de cuentas”, afirmó durante la presentación del estudio.
Para ofrecer un diagnóstico más completo, el informe integró diversas formas de violencia letal, incluyendo feminicidios, homicidios dolosos y culposos, desapariciones y otros delitos. Esta estrategia busca reducir los sesgos de subregistro que complican la situación actual. A corto plazo, hay ciertas áreas que muestran avances, pero a largo plazo, los datos son preocupantes. Las desapariciones, por ejemplo, han aumentado un asombroso 212.9% en la última década, mientras que otros delitos contra la vida han crecido un 368%. Esto sugiere cambios en las dinámicas de la violencia y posibles distorsiones en la clasificación de muertes violentas.
El feminicidio, aunque experimentó una reducción en 2025 con 721 víctimas, se mantiene un 68.5% por encima de los niveles de 2015. Del mismo modo, aunque el homicidio doloso mostró una caída del 22.2% en el último año, las cifras indican un incremento del 30.7% si se compara con hace diez años. Alarmantemente, 19 entidades federativas superaron el umbral de 11 homicidios por cada 100,000 habitantes, una cifra que se considera un indicador de violencia epidémica. En contraste, estados como Yucatán, Tlaxcala y Coahuila presentan las tasas más bajas, mientras que Baja California, Sinaloa y Morelos destacan por sus cifras elevadas.
Vargas también alertó sobre el inusual crecimiento del homicidio culposo, un delito que comúnmente se asocia a accidentes. En lugares como Michoacán y Zacatecas, las tasas de este tipo de homicidio superan incluso a las del homicidio doloso, lo que puede indicar serios problemas en la clasificación y medición en contextos de violencia intensa.
El estudio destaca que las comparaciones nacionales ocultan realidades locales profundamente diferentes, subrayando que la violencia no se comporta de manera uniforme en todo el país. En el ámbito institucional, se observan signos positivos de apertura del gobierno hacia la sociedad civil. Un ejemplo notable es el Encuentro con Analistas de Seguridad, donde se introdujo el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, que comenzará a generar información pública en febrero de 2026.
Las recomendaciones políticas sugeridas son tres ejes centrales: primero, la necesidad de una gobernanza permanente y multisectorial que busque mejorar la medición de la violencia letal y armonizar criterios entre las autoridades; segundo, la implementación de políticas diferenciadas según delitos y territorios, reconociendo que cada tipo de delito responde a causas y motivaciones diversas; y tercero, la formulación de una estrategia integral de seguridad basada en evidencia que abarque tanto la inteligencia contra el crimen organizado como el fortalecimiento institucional y la prevención social.
Además, se proponen instrumentos como la creación de una Política Criminal de Estado y un Plan Nacional de Prevención Integral, orientados a establecer estándares laborales para la profesionalización de las fuerzas policiales y mejorar así las capacidades locales en la lucha contra la violencia.
Estos datos y recomendaciones, presentados en una fecha crítica en 2026, subrayan la urgencia de abordar la violencia en México de manera holística y coordinada, reconociendo que solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá lograr una sociedad más segura y justa.
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