El Gobierno del estado advirtió que aplicará sanciones administrativas e incluso el retiro de concesiones a aquellos taxistas que participen en bloqueos viales y afecten a la ciudadanía, luego de que distintas agrupaciones anunciaran una movilización en Cuernavaca para el jueves 12.
El Coordinador General de Movilidad y Transporte, Jorge Barrera Toledo, informó que, si bien el diálogo con los representantes del gremio permanece abierto, existen límites cuando se vulnera el derecho de la población a la movilidad. “No podemos seguir siendo rehén de este tema”, afirmó el funcionario al referirse a las amenazas de cierre de vialidades como medida de presión.
Barrera Toledo fue enfático al señalar que la normatividad vigente contempla sanciones para los concesionarios que utilicen sus unidades con fines distintos a los establecidos en el título de concesión, el cual tiene como propósito fundamental garantizar el servicio público de transporte y el derecho de las personas a trasladarse de manera segura y eficiente.
“Es irresponsable afectar a la ciudadanía por un tema que ya se está atendiendo”, subrayó el coordinador, al tiempo que reiteró que el Gobierno estatal no permitirá acciones que perjudiquen a trabajadores, estudiantes, pacientes o cualquier persona que dependa de la movilidad diaria para cumplir con sus actividades.
Las agrupaciones de taxistas han manifestado su inconformidad principalmente por el cobro de la tarjeta de circulación, argumento central de la movilización anunciada. De acuerdo con lo informado, entre los puntos que podrían verse afectados por bloqueos se encuentran la glorieta de la Paloma de la Paz, las avenidas Morelos, Universidad, Río Mayo, San Diego y Plan de Ayala, así como el Paso Exprés y la zona de El Polvorín, vialidades consideradas estratégicas para la circulación en la capital morelense y su zona conurbada.
Ante este escenario, el funcionario explicó que la administración estatal mantiene disposición para el diálogo y la revisión de inquietudes, pero dejó claro que no se tolerarán medidas que perjudiquen a terceros. Reiteró que el derecho a la libre manifestación no puede estar por encima del derecho de miles de ciudadanos a desplazarse sin obstáculos.
Asimismo, destacó que la actual administración se encuentra enfocada en un proceso de modernización y digitalización de los trámites vehiculares, una demanda que —según indicó— fue planteada durante décadas por distintos sectores, incluido el propio gremio transportista. Este proceso busca simplificar gestiones, reducir tiempos de espera y ofrecer mayor transparencia en los procedimientos administrativos.
En ese sentido, informó que hasta el momento se han expedido cerca de mil tarjetas de circulación digitales, lo que refleja un avance significativo en la implementación del nuevo sistema. Señaló que esta modalidad permite a los usuarios contar con un documento oficial en formato digital, accesible y verificable, que facilita trámites y reduce la posibilidad de actos irregulares.
Barrera Toledo añadió que la digitalización forma parte de una estrategia integral orientada a modernizar el sistema de movilidad en la entidad, fortalecer la transparencia y brindar mayor certeza jurídica tanto a concesionarios como a usuarios. Insistió en que el objetivo no es generar cargas indebidas, sino ordenar el servicio y actualizar los mecanismos administrativos conforme a las necesidades actuales.
El funcionario hizo un llamado a la responsabilidad y a privilegiar el diálogo como vía de solución, al considerar que los bloqueos viales no solo generan afectaciones económicas y sociales, sino que también pueden derivar en conflictos mayores y tensiones innecesarias.
Finalmente, reiteró que el Gobierno del estado actuará conforme a la ley en caso de que se concreten bloqueos que impidan la libre circulación. “Nuestra prioridad es la ciudadanía. No podemos permitir que se vulneren sus derechos”, concluyó.
La situación permanece en seguimiento ante la expectativa de la movilización anunciada para el jueves 12, mientras autoridades y representantes del gremio mantienen comunicación para evitar afectaciones a la población.
