La reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunciando que no habrá modificaciones a la Ley de Minería de 2023 y que no se otorgarán nuevas concesiones mineras, ha sido considerada “positiva” por la colectiva ¡Cambiémosla Ya! en un comunicado emitido el 10 de febrero de 2026. Sin embargo, esta agrupación subraya la necesidad urgente de que se publique el Reglamento de la Ley de Minería para asegurar el cumplimiento efectivo de este nuevo marco legal.
La responsabilidad de emitir esta regulación recae en las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lideradas por Marcelo Ebrard y Alicia Bárcena, respectivamente. Estas dependencias tienen un plazo de 180 días desde la entrada en vigor de la ley para llevar a cabo su tarea, y hasta la fecha, persiste el incumplimiento.
El reglamento es crucial para asegurar la adecuada implementación de la ley, especialmente en cuanto a la protección de los derechos de las comunidades y la conservación del medio ambiente. Elementos como el consentimiento previo y libre de las comunidades indígenas para la asignación de nuevas concesiones, así como la necesidad de evaluar el impacto ambiental y social antes de cualquier acción minera, son aspectos que deben reforzarse en la regulación.
Además, se enfatiza que el reglamento debe garantizar los derechos de las comunidades que se oponen a la minería, proteger recursos esenciales como agua y suelo, y asegurar la reparación de los daños generados a lo largo del ciclo de vida de las minas, incluyendo las etapas de cierre y post-cierre.
La colectividad ha expresado preocupación por el hecho de que, a pesar de la falta de avance en el reglamento, la Secretaría de Economía ha mostrado cercanía con la industria minera, en contraste con la desconexión que mantiene con las comunidades afectadas.
En otro punto de interés, la presidenta Sheinbaum subrayó que, en el contexto del Plan de Acción sobre Minerales Críticos con Estados Unidos, no se han firmado acuerdos definitivos. La colectiva manifiesta que esta negociación debe ser transparente y alinearse con la decisión de proteger la soberanía sobre los recursos naturales del país.
La intención de recuperar 200 concesiones, en lugar de ceder los minerales, podría representar un paso inicial hacia la anulación de más de 22,245 concesiones vigentes en México, que abarcan más de 10 millones de hectáreas. Es relevante señalar que en ningún caso se informaron ni consultaron a los propietarios de los terrenos sobre la imposición de estas concesiones.
La urgencia por la publicación del reglamento refleja un clamor colectivo en busca de claridad, justicia y respeto a los derechos de las comunidades frente a las operaciones mineras.
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