Cancún, QRoo.- La problemática ambiental en Mahahual se ha intensificado con las recientes acciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que ha impuesto multas que ascienden a 4 millones de pesos por violaciones a los sellos de clausura en terrenos vinculados al proyecto Perfect Day. Esta medida se tomó tras la clausura de obras que habían devastado más de 17,000 metros cuadrados de selva y zonas de manglar, realizadas sin los permisos ambientales correspondientes.
La Profepa ha sido clara en su postura: los sellos de clausura son una medida de seguridad para frenar actividades que ponen en riesgo el ecosistema o que carecen de la necesaria Manifestación de Impacto Ambiental. Ignorar estos sellos implica una continuidad ilícita de obras de construcción, demolición o relleno, lo que agravaría el daño al entorno.
En un giro adicional a esta situación, dos colectivos de ciudadanos, “Salvemos Mahahual” y “Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano” (DMAS), han intentado proteger sus derechos a través de amparos. Sin embargo, la jueza Eugenia Maritza Valencia Hernández, del Juzgado Primero de Distrito en Chetumal, no ha admitido estos amparos, generando descontento entre los afectados. La jueza argumentó que la modificación al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) era un acto administrativo, lo que permitía un plazo de 15 días para impugnar. En cambio, para el segundo y tercer amparo, consideró que el PDU debía ser tratado como una ley, implicando un plazo de 30 días. Esta aparente contradicción ha provocado confusión y preocupación entre los afectados, quienes sienten que sus derechos están siendo vulnerados.
Con una nueva inspección programada por la Profepa para evaluar los daños y definir las sanciones adicionales, el futuro de Mahahual y su delicado ecosistema se mantiene en la balanza. La comunidad se enfrenta a un momento crucial en la defensa de su entorno y sus derechos, al tiempo que continúa la lucha contra las prácticas que amenazan su patrimonio ambiental.
Es esencial observar cómo evolucionarán estos acontecimientos en el contexto de un país donde el equilibrio entre desarrollo y conservación sigue siendo un debate constante. A medida que la situación se desarrolla, estará sobre la mesa la necesidad de una regulación más firme y efectiva que proteja nuestros recursos naturales y permita un desarrollo sostenible.
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